Hay escándalos que deberían sacudir los cimientos de una institución. La controversia por los audios atribuidos al entorno de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, es uno de ellos. Las grabaciones difundidas y los señalamientos sobre presuntas irregularidades exigen respuestas verificables, no explicaciones a medias ni un cambio de nombres para dar por cerrado el episodio.

No se trata de condenar a nadie desde una columna: la autenticidad y el contexto de los audios deben comprobarse, y las responsabilidades penales corresponden a las autoridades competentes. Pero tampoco se puede usar la presunción de inocencia como pretexto para no investigar. Si existieron tráfico de influencias, favoritismo en contratos o uso indebido de recursos públicos, debe conocerse quién intervino, quién se benefició y quién permitió que ocurriera.

El INE tiene autonomía constitucional. Eso no significa que sus decisiones estén automáticamente libres de presiones, intereses o conflictos. La autonomía no se acredita con un artículo de la Constitución ni con discursos solemnes: se demuestra con decisiones independientes, procesos transparentes y vigilancia efectiva. Cuando su dirigencia queda bajo sospecha, la confianza ciudadana no se recupera con un comunicado.

Y aquí aparece una segunda falla: la oposición. No basta con exigir una renuncia, publicar una indignación en redes o pronunciar la palabra “investigación” ante los micrófonos. Si sus dirigentes consideran graves estos hechos, deben impulsar denuncias sustentadas, exigir la preservación de pruebas, dar seguimiento público a las auditorías y reclamar sanciones conforme a derecho. Lo demás es oposición de utilería: mucho gesto y poca consecuencia.

Una renuncia, incluso si se concreta, no sustituye una investigación. Salir del cargo no borra posibles responsabilidades administrativas ni penales. Si las pruebas acreditan delitos, corresponde a la fiscalía perseguirlos y a los tribunales imponer las penas que establezca la ley, incluida la prisión cuando proceda. Exigir cárcel antes de una sentencia sería repetir el desprecio por las instituciones que precisamente se pretende denunciar.

Lo verdaderamente escandaloso sería que, después de tanto ruido, no hubiera expedientes sólidos, resultados públicos ni consecuencias para quien resulte responsable. México no necesita otro capítulo de acusaciones que se diluyen en el siguiente ciclo de noticias. Necesita saber qué ocurrió, con qué pruebas, cuánto dinero estuvo involucrado —si lo hubo— y qué controles fallaron.

El árbitro electoral no puede pedir confianza a ciegas. Y la oposición no puede reclamar credibilidad si se conforma con administrar el escándalo. La pregunta ya no es únicamente qué pasará con Guadalupe Taddei. La pregunta es si el sistema político mexicano tiene la voluntad de investigar a quienes administran sus propias reglas. Porque la autonomía sin rendición de cuentas es una promesa vacía, y la impunidad, venga de donde venga, termina pareciéndose demasiado al poder.