Felipe León López
Después del 6 de junio, no sólo habrá
cambios en el mapa político, sino que estaríamos ante la antesala de una
peligrosa reconfiguración de la territorialidad e influencia de los grupos
criminales que operan en nuestro país.
El 28 de mayo del año en curso, los
diarios LA JORNADA, REFORMA y EL UNIVERSAL destacaron en sus primeras planas la
suma de hasta entonces 34 candidatos en campaña asesinados presuntamente por el
crimen organizado. El semanario Zeta contabilizó 563 las agresiones de
violencia política, con 88 víctimas entre candidatos, precandidatos, activistas
o funcionarios, siendo los más significativos: 16 en Veracruz, 11 en Oaxaca, 8
en Guerrero, 7 en Guanajuato, 6 en Baja California y 5 en el Estado de México.
Hay cifras negras (no denunciadas) de
secuestros, intimidaciones, amenazas y obligaciones a declinar o hacer campaña
de brazos caídos en regiones del país tanto en el Bajío, Tierra Caliente, el
noroeste o el sur-sureste, donde los grupos delincuenciales han puesto las
reglas. Las autoridades ocultan los datos, se reservan, pero hay especial
preocupación por aquellos candidatos que están siendo beneficiados por estas
organizaciones y que alcanzarán un puesto de elección popular.
Para el sociólogo especialista en
seguridad, José Morquecho, “una parte importante del fenómeno que ha emergido
durante este proceso electoral: el asesinato de contrincantes políticos como
método de sustitución como ha pasado en Oaxaca, Guanajuato o Veracruz”.
Es claro que el crimen organizado está
operando en el proceso electoral 2021 y lo está haciendo para beneficiar a sus
candidatos, para tener gubernaturas, ayuntamientos y hasta bancadas a nivel
estatal y federal. Así de grave la situación que podría desencadenarse porque
las instituciones de inteligencia preventiva no están operando y porque los
partidos políticos han hecho un examen autocrítico en la selección de sus
candidatos.
Minimizando este riesgo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador calificó como “amarillismo” que se utilicen las
agresiones por parte de los medios, y la titular de la Secretaría de
Gobernación acotó que sólo 200 casillas de 166 mil que funcionarían no podrían ser
instaladas (0.12 por ciento). Y precisó, “el mayor riesgo de gobernabilidad y
al proceso electoral que hemos detectado desde el gobierno de la República, es,
lamentablemente, la actividad de grupos del crimen organizado que pueden afectar
y lastimar, incluso como lo hemos estado viendo, al extremo de privar de la
vida a candidatas y candidatos”.
La circunstancia actual del país, sin
embargo, indica que los riesgos no son sólo los asesinatos de alto impacto,
sino la presencia pulverizada de los delincuentes que operan en todo el
territorio nacional. Entre 1988 y 2000 operaban cuatro organizaciones
criminales poderosas y pasaron a seis en el 2006, pero conforme avanzó la
“guerra contra el narcotráfico” y se fueron descabezando hasta esparcirse en
muchos grupitos que. Según la FGR, en la actualidad operan 37 grandes grupos
delictivos, con incalculable número de pandillas y sicarios intimidando
poblados enteros.
Esta dispersión de células y la política
de “abrazos no balazos” han tenido efectos como que el en 2020, la tasa de
homicidios fuera de 27.8 por cada 100 mil habitantes, la novena tasa de
homicidios más alta a nivel mundial, de acuerdo con el Observatorio Nacional
Ciudadano.
La violencia cotidiana no amaina, así se
mantenga la política de no difundir más los hechos violentos ni presumir las
acciones policiales o militares en detención de delincuentes. Los gobiernos de
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuya corrupción y falta de voluntad
para atacar el crimen organizado, sin duda fueron parte del problema al
desmantelar las instituciones de inteligencia preventiva y usarlas más para
fines políticos que de criminología.
Pero la presidencia de López Obrador
está pecando de los mismos errores de sus antecesores y no sólo no ha variado
el camino de la militarización de la seguridad pública, sino que lo extendió a
muchas tareas de la administración que era de los civiles. Aunque refundó el
CISEN como Centro Nacional de Inteligencia y creó su propio “ejército” en la
Guardia Nacional, además de supuestamente acotar la intromisión de agentes de
la DEA en México, los vicios se mantienen y no se encuentra la fórmula de cómo
abordar la hidra del crimen organizado. Se ha promovido conservadoramente la
legalización de la marihuana y se evita entrar al debate sobre la amapola, lo
que se pensaba iba a modificar la política de las drogas y de la seguridad
pública.
En estas elecciones intermedias, con la
renovación de 15 gubernaturas y más de mil 900 ayuntamientos, además de
congresos estatales y el federal, sólo estamos registrando la violencia contra
la clase política, no estamos considerando qué sigue y qué actores estarían
surgiendo después de los resultados del 6 de junio.
En agosto del 2020 publicamos La delincuencia covid, ¿qué hacemos?, advirtiendo que “el ogro filantrópico del crimen
organizado: los cárteles de la droga y el huachicol, siguen repartiendo
despensas en varias regiones del país para ganar bases sociales que, aunque no
se han visto están ya manifestándose bloqueando carreteras o protestando por
detenciones”, así como operando redes de lavado dinero con el fin de financiar
e incidir en el proceso electoral de este año.
¿Para qué sirve una diputación a un
delincuente? Para obtener fuero, cooptar otros legisladores, armar una bancada
con su propia agenda de intereses y mucha información de primera mano de cómo
vendrán leyes que les ayuden o perjudiquen a sus organizaciones.
¿Para qué sirve una alcaldía, regiduría
o ser concejal? Tener acceso a información privilegiada como datos de policías
locales, de equipamiento de seguridad preventiva y hasta de fuerza, concursos de
obra pública o servicios, además de poder interrelacionar con otros gobiernos
locales ligados a la misma organización delictiva. Es decir, corredores
municipales completos a su disposición.
No abundemos de los grandes beneficios
que tiene que un actor ligado al crimen tenga una gubernatura, porque ya hemos
constatado los expedientes de ex mandatarios de Quintana Roo, Tamaulipas o
Nayarit, por citar los recientes.
Existe la duda de que López Obrador o
alguno de sus funcionarios tengan el radar encendido para anticiparse a un
escenario crítico si el crimen avanza en esta dirección, pues esa displicencia
acabaría siendo descalificado por la comunidad internacional y principales
socios que no dejan de acusar las debilidades institucionales del Estado mexicano.
Mientras tanto, habrá de sugerirle
reforzar los órganos de inteligencia, con cuadros preparados profesional y
éticamente, formados para servir al Estado mexicano no a causas políticas o a
intereses particulares. Está a tiempo, y a tiempo también de evitar que varios
de esos actores oscuros tomen una posición de poder político.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
