José Luis Camacho Acevedo
Apenas ayer el secretario de
Hacienda, Edgar Amador, dio trámite para que se publicara en el DOF la nueva
reglamentación que regirá en adelante el delito de lavado de dinero.
Coincido con lo que Mari Carmen
Cortés le dijo a Ciro Gómez Layva: esa medida será muy positiva para detener el
lavado de dinero y todos los daños colaterales que trae aparejados.
Omar García Harfuch logra el
restablecimiento parcial de la exportación del aguacate michoacano a Estados
Unidos, gracias al desplazamiento que ordenó de fuerza armadas que dieran
respuestas a las amenazas de muerte que grupos criminales enviaron a los
agentes del vecino país que supervisaban el normal desempeño de esa importante
área de la economía nacional.
Esas acciones realizadas por el
gobierno de la presidenta Sheinbaum representan la respuesta mexicana a los
recientes pronunciamientos que desde Washington emitieron altos funcionarios de
la DEA, del FinCen, del departamento de Justicia, amén del nuevo fiscal
nominado por Donald Trump, pronunciamientos que eran más que una advertencia,
un aviso de que vendrían por capos y por sus protectores así fueran estos
funcionarios de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Los profesionales de la protesta, en
el presente caso contra la no acción de la Fiscalía para lograr la extradición
de nueve funcionarios del gobierno de Sinaloa, encabezados por el mandatario
con licencia Rubén Rocha Moya, se lanzaron a escribir sus muy personales
inconformidades porque México no entrega a los narco políticos ya señalados por
Estados Unidos y aligera así la presión estadounidense sobre el tema de los
carteles ya calificados como organizaciones terroristas.
Los profesionales de la protesta
están en lo suyo: criticar lo que consideran que está mal; proponer soluciones
drásticas como la de permitir que la DEA venga por los capos y los narco
políticos o sencillamente que renuncie la mandataria.
Pero extraña que, en tan sesudas y
analíticas mentes, no se advierta de los riesgos que puede traer para nuestra
economía el proceder,
así simplemente, a otorgar una permisividad que permitiría la forma más
primitiva de la injerencia del totalitarismo en nuestra vida como nación.
Preguntas que deben hacerse los
profesionales de la protesta:
1.- ¿Habrán perdido ya su capacidad
de maniobra los capos de la droga y los políticos que los protegen?
2.- ¿Entregando a Estados Unidos las
cabezas que reclaman no se moverán los indicadores económicos como reacción de
TODOS los amarres y sociedades que los perseguidos sigan teniendo en muy
importantes áreas de nuestra economía?
3.- ¿Rocha Moya es la verdadera
cabeza de los males de corrupción y ligas con el crimen organizado que tanto
alarman en Estados Unidos?
Si hay que atender a los mensajes del
vecino del norte, primero debe asegurarse que las entregas no causen una
desestabilización en los más importantes sectores de nuestra economía.
Nadie duda que Rocha Moya, Alfonso
Durazo, Américo Villarreal y Alfredo Ramírez Bedolla sean casos ejemplares de
corrupción y connivencia con el crimen organizado.
Pero, ¿de qué más son capaces estos
connotados narco políticos?
Claudia Sheinbaum debe analizar con
frialdad las repercusiones que una entrega masiva tendría para la estabilidad
nacional.
No es lo mismo entregar a un eslabón
menor de la cadena del tráfico de drogas, que ofrecer la cabeza de alguien que,
con sus conexiones financieras en las más diversas áreas de la economía, pueda
llegar a causar un daño a las posibilidades de crecimiento económico que aún
nos restan.
