Imagine la siguiente escena en la ceremonia de intercambio de mando: la alcaldesa saliente se acerca a edil entrante, estampa una firma en la acta de entrega-recepción, le da un beso en los labios y le dice:

- “Felicidades, amor”. “Nos vemos en la casa por la noche para cenar”.

No es una ficción, es la arquitectura del poder municipal en el México contemporáneo. Un esquema donde el intercambio de estafeta no se decide en el debate de las ideas, sino en la privacidad de la recámara principal.

En el tablero político mexicano —con muestras palpables en bastiones del PAN en el Estado de México, así como en feudos de Morena, el PRI, el PVEM o el PRD a lo largo del país— ha cobrado fuerza el fenómeno del tándem conyugal.

La ecuación es perfecta en su forma y perversa en su fondo: el alcalde gobierna tres años, se reelige para otros tres y, al agotarse la vía constitucional, catapulta a su cónyuge para repetir el ciclo. Doce años ininterrumpidos bajo la sombra de la misma firma y el mismo apellido.

La pregunta resulta inevitable: ¿Estamos presenciando una evolución de la continuidad gubernamental o ante la profesionalización de una monarquía municipal?

De los municipios a los palacios de gobierno: La tentación estatal

La práctica de la sucesión conyugal ya no es exclusiva del ámbito municipal; penetra con fuerza a las gubernaturas estatales. En la última década, los antecedentes revelan una intencionalidad sistemática de los ejecutivos estatales por transferir el poder a sus cónyuges:

•              Puebla (2018): El caso emblemático de Martha Érika Alonso, quien llegó a la gubernatura tras el mandato de su esposo, Rafael Moreno Valle, consolidando un esquema de control político regional que detonó intensas batallas mediáticas y legales.

•              San Luis Potosí y Nuevo León: El perfilamiento público de Ruth González Silva (esposa del gobernador Ricardo Gallardo) tras su paso por el DIF estatal, así como la incursión electoral de nueva cuenta de Mariana Rodríguez Cantú en Nuevo León, confirman que la plataforma asistencial y el capital político del cónyuge en funciones son la nueva catapulta para buscar gubernaturas o alcaldías clave.

•              Antecedentes históricos: Intentos pioneros como el de María del Carmen Ramírez en Tlaxcala (esposa de Alfonso Sánchez Anaya) o Martha Elena García en Nayarit (esposa de Antonio Echevarría) sentaron las bases de un modelo donde la primera dama transita formalmente a candidata.


 

A nivel municipal, en la última década se documentan docenas de casos en estados como Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Puebla, donde cónyuges se han turnado la presidencia municipal.

Tan solo en el Estado de México y la zona conurbada, el fenómeno ha mantenido a familias específicas controlando recursos e infraestructura local durante períodos que abarcan de 9 a 12 años ininterrumpidos y reportes reciente indican que buscarían un tercer nuevo periodo de 3 años.

La mayor fortaleza del nepotismo de urnas es que se viste de impecable constitucionalidad. El Artículo 35 de la Constitución protege el derecho de todo ciudadano a ser votado, prohibiendo la discriminación por estado civil o parentesco. Mientras la Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica el nepotismo cuando un funcionario designa directamente a un familiar, el vacío legal surge en la arena electoral: cuando la designación la emite un partido o la define la boleta, la ley no ve un delito.

Así, los vacíos normativos convierten a las dependencias asistenciales —frecuentemente los patronatos del DIF— en plataformas de precampaña pagadas con fondos públicos. Legalmente impecable; éticamente indefendible.

Desde la perspectiva de la percepción pública, los datos de opinión evidencian que el electorado procesa el traspaso conyugal con profundo escepticismo. Un cuerpo amplio de investigación demoscópica respalda esta resistencia:

Consulta MITOFSKY (Estudio Nacional sobre Reelección y Nepotismo Electoral): Revela un contundente rechazo ciudadano hacia las dinastías locales, registrando que más del 70% de la población respalda la prohibición explícita de candidaturas para cónyuges y familiares directos de los gobernantes en funciones. La motivación central expresada por los encuestados radica en cerrar la puerta a la perpetuación del control presupuestal y prevenir el encubrimiento de posibles irregularidades al concluir la administración.

El verdadero peligro de esta práctica recae en 3 ejes fundamentales:

•              La anulación de la auditoría saliente: Nadie audita con severidad el cajón que se comparte en casa como caja chica matrimonial . La alternancia familiar anula la rendición de cuentas e invalida los contrapesos locales.

•              Freno a la participación ciudadana: Bloquea el relevo generacional y sofoca a los cuadros políticos del propio partido, generando rupturas internas y fuga de capital político hacia la oposición.

•              Pérdida de competitividad y desgaste de marca: Convierte a la marca partidista en blanco de ataques sistemáticos, desgastando el capital de gobernabilidad ante la opinión pública.

Para los partidos políticos que están en oposición  y que busca desmontar este fenómeno en el terreno electoral, el ataque frontal debe alejarse del sesgo de género y concentrarse en la captura institucional, como estratega recomendaría:

•              Separar el género de la cooptación: La narrativa debe evitar descalificar a la candidata por ser mujer —lo que activaría acusaciones de violencia política de género— y enfocar el argumento en el conflicto de interés patrimonial y el blindaje de la impunidad.

•              Fiscalizar el uso de las estructuras asistenciales: Exigir auditorías en tiempo real sobre el presupuesto de comunicación e integración comunitaria de todas las áreas donde laboran familiares durante el año previo al proceso electoral.

•              Apelar al abuso de las elite con el mismo apellido": Posicionar la campaña bajo el concepto del "derecho a la alternancia real", contrastando la parálisis de los feudos familiares con propuestas de modernización gubernamental.

La democracia municipal y estatal no requiere dinastías ni herederos; requiere resultados y contrapesos. Cuando el poder se convierte en un asunto de familia, las instituciones dejan de ser la primera trinchera de la república para transformarse en un negocio particular. Quien confunda el voto popular con una escritura de propiedad, terminará descubriendo que los ciudadanos no eligen reyes, sino servidores públicos con fecha de caducidad.

Recordemos que en política, cuando la alternancia pasa por la recámara, la transparencia se queda en el clóset.