Por Cindy Pulido
En tiempos en los que ya no se sabe qué fue legal en el pasado y cómo algunos pretenden manipular el presente, aparecen personajes como Vicente Fox, quien, con una naturalidad verdaderamente desconcertante, reconoce haber intervenido para favorecer el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006. El mismo expresidente que presumía sus convicciones democráticas admitió que no estaba dispuesto a entregar la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.
Fox declaró: “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”. Una afirmación que, además de peligrosa por lo que representa para la oposición, revela una concepción del poder que merece un profundo cuestionamiento: la Presidencia entendida como patrimonio partidista y la sucesión como una decisión de quien ocupa temporalmente el cargo.
Han transcurrido veinte años desde aquella elección y las palabras del expresidente vuelven a colocar sobre la mesa un debate histórico de lo que todos los mexicanos sabemos de ese entonces: lo que se presentó como institucionalidad democrática respondía, en realidad, a los intereses de quienes se resistían a perder el poder y nunca se trató de la democracia.
Pero México no puede vivir únicamente de las confesiones del pasado. El presente también ofrece suficientes acontecimientos para cuestionar la transparencia de sus instituciones.
Durazo, Grupo Andrade y las patrullas: ¿cuánto cuesta la seguridad pública?
Las contrataciones gubernamentales de vehículos constituyen uno de los negocios más importantes alrededor de las instituciones de seguridad pública. Patrullas, camionetas, unidades especiales, mantenimiento y arrendamientos representan erogaciones millonarias que deberían estar acompañadas de mecanismos rigurosos de competencia, fiscalización y transparencia.
En este escenario aparece Grupo Andrade, conglomerado automotriz que ha mantenido relaciones comerciales con distintas dependencias gubernamentales y cuya participación en contratos públicos ha sido objeto de cuestionamientos periodísticos.
Durante la gestión de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, entre 2018 y 2020, el gobierno impulsó una reorganización de las instituciones de seguridad. Sin embargo, para determinar cuánto recibió específicamente Automovilística Andrade de esa Secretaría resulta indispensable revisar los contratos adjudicados, las dependencias contratantes y los pagos efectivamente realizados.
Existen antecedentes documentados que justifican investigar esta relación comercial, aunque no todos corresponden a la dependencia encabezada por Durazo.
En 2019, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz adjudicó a Automovilística Andrade un contrato para adquirir 50 patrullas por aproximadamente 39 millones 940 mil pesos. La operación ocurrió durante la administración estatal de Cuitláhuac García y generó cuestionamientos sobre los costos de adquisición y los procedimientos de contratación.
En el ámbito federal, el Diario Oficial de la Federación registró adjudicaciones a Automovilística Andrade en 2020 por 71 millones 668 mil 799.87 pesos para camionetas destinadas al equipamiento de unidades de Policía Militar y por 22 millones 152 mil 295.66 pesos para ambulancias. Ambas operaciones estuvieron vinculadas a procedimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En conjunto, esos dos contratos representaron aproximadamente 93.82 millones de pesos.
No sería correcto atribuir automáticamente esas cantidades a la Secretaría encabezada por Durazo. Pero los antecedentes muestran la necesidad de reconstruir las relaciones comerciales del proveedor con las instituciones de seguridad antes, durante y después de aquella administración.
En marzo de 2023, el periódico El Independiente publicó señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con contratos de renta y mantenimiento de patrullas de Grupo Andrade, con montos aproximados de 5 mil millones de pesos. Se trató de acusaciones periodísticas que requieren distinguirse de las irregularidades acreditadas por las autoridades.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos vehículos fueron realmente entregados, bajo qué condiciones se adjudicaron los contratos, cuánto costaron frente a las ofertas competidoras y quién verificó que el dinero público se utilizara de manera eficiente?
Hay que recordar que comprar patrullas no significa necesariamente mejorar la seguridad.
Andy López Beltrán: ¿la defensa pública como nueva estrategia política?
Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, decidió aparecer en un video para responder a los señalamientos que lo relacionan con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y presuntas operaciones de corrupción y tráfico de influencias.
El hijo del expresidente rechazó tener participación en negocios irregulares, relaciones de complicidad o esquemas de huachicol fiscal.
Por supuesto, cualquier persona tiene derecho a defender su reputación, rechazar acusaciones y exigir que los señalamientos se sustenten con pruebas. Lo que resulta interesante es la transformación de esa defensa en un acontecimiento político.
¿Estamos ante una nueva categoría de prevención respecto a las acusaciones por un delito: la necesidad de salir a defenderse públicamente? Parece que actuar como influencers, se ha convertido en una práctica recurrente de la comunicación política cuando las acusaciones se multiplican, la respuesta inmediata es una grabación cuidadosamente difundida en redes sociales.
La cuestión no es por qué Andy López Beltrán decidió hablar. La pregunta es qué elementos verificables acompañan sus declaraciones y cuáles son las vías institucionales para esclarecer los señalamientos.
Un video puede contribuir a construir una narrativa, pero no sustituye una investigación. Del mismo modo, una acusación mediática no puede reemplazar las pruebas ni una resolución judicial y esto es muy importante no olvidar eso.
Y aquí conviene aplicar un principio que debería resultar incómodo para todos los partidos: el parentesco con un expresidente no constituye prueba de culpabilidad, pero tampoco debe convertirse en una garantía de inmunidad frente al escrutinio público.
Inés Gómez Mont: el lujo de las pulseras y las preguntas sobre el dinero público
Mientras buena parte de la población mexicana organiza sus gastos para cubrir alimentación, transporte, vivienda y servicios básicos, el caso de Inés Gómez Mont volvió a llamar la atención por un detalle aparentemente superficial: las joyas que llevaba al momento de su detención en Estados Unidos.
Las fotografías difundidas mostraron dos pulseras de lujo que distintos medios identificaron como diseños semejantes a piezas de Van Cleef & Arpels y Cartier.
Una pulsera Vintage Alhambra tiene un precio de referencia cercano a 103 mil pesos, mientras que una versión de Juste un Clou con diamantes ronda los 311 mil pesos. Juntas, las referencias comerciales suman aproximadamente 414 mil pesos. Esta cifra no representa una tasación confirmada de las piezas que portaba la exconductora.
Una cantidad que equivale a más de 46 meses de salario para una persona que percibiera 9 mil pesos mensuales, suponiendo que pudiera destinar íntegro su ingreso a comprar joyería.
Desde luego, cada persona puede gastar sus recursos legítimamente obtenidos como considere conveniente. El problema aparece cuando una exhibición de riqueza coincide con investigaciones por presunto desvío de recursos públicos.
La Fiscalía General de la República ha informado sobre órdenes de aprehensión relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunta defraudación fiscal. Las investigaciones también han abordado posibles esquemas de triangulación de recursos mediante empresas.
No existe, con la información aquí documentada, prueba suficiente para afirmar que esas pulseras fueron compradas con dinero del erario.
Pero la ironía resulta difícil de ignorar: mientras miles de familias calculan cuánto pueden gastar para llegar al final del mes, la discusión pública gira alrededor de accesorios cuyo precio supera lo que muchas personas consiguen ahorrar durante años.
Quizá algún día descubramos que ciertos accesorios de lujo venían acompañados de un extraordinario programa de financiamiento. Por ahora, lo que corresponde es esclarecer el origen de los recursos investigados, determinar responsabilidades y recuperar el dinero público cuando jurídicamente proceda.
Porque la ostentación no es un delito. El desvío de recursos, cuando se acredita, sí lo es.
El poder cambia de manos, pero las preguntas permanecen
Las declaraciones de Vicente Fox, las contrataciones vinculadas a instituciones de seguridad, las explicaciones públicas de Andy López Beltrán y el caso de Inés Gómez Mont no constituyen hechos jurídicamente equivalentes.
Sin embargo, permiten observar un problema transversal: la dificultad de exigir cuentas claras a quienes han ocupado posiciones de poder, mantienen vínculos con ellas o se han beneficiado de contratos gubernamentales.
Durante décadas, los distintos proyectos políticos mexicanos han prometido combatir la corrupción, terminar con los privilegios y garantizar la transparencia. Las administraciones cambian, los discursos se renuevan y los protagonistas intercambian acusaciones. Lo que no debería cambiar es la obligación de investigar con independencia y de informar a la ciudadanía.
No basta con confesar veinte años después lo que se hizo durante una elección. Tampoco basta con presentar licitaciones como prueba automática de honestidad, publicar videos para responder a señalamientos o presumir fortunas sin que se esclarezcan las investigaciones relacionadas.
La legalidad no puede depender del partido que gobierna ni de la popularidad de la persona investigada.
Porque, al final, el problema no es solamente quién se queda con la banda presidencial, quién vende las patrullas, quién graba el video o quién presume las pulseras. El problema es quién rinde cuentas, quién verifica las explicaciones y quién responde cuando el patrimonio público resulta afectado.
Y mientras esas preguntas permanezcan sin respuestas satisfactorias, la ciudadanía seguirá financiando instituciones cuya primera obligación debería ser precisamente responderle.
