La Divisa del Poder
Adrián Trejo
Morena no aprendió del revés que significó para su credibilidad el proceso manoseado que llevó a Guadalupe Taddei a la presidencia del INE e insiste en repetirlo.
Se esperaba que el escándalo de corrupción que terminó con la caída de Taddei y que Morena está pagando con intereses, sensibilizara a la cúpula del partido del gobierno para buscar consensos en lugar de imponer su mayoría, como se hizo en la “elección’’ anterior.
Pero parece que no será así.
El coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal, ha declarado estar a favor del diálogo pero reconoció que hay peticiones de la oposición, principalmente el PAN, “que son intransitables’’.
Los panistas hicieron una propuesta de 8 puntos para garantizar que los vicios del proceso que encumbró a Taddei, respaldado por la mayoría morenista, se repitan.
Entre estos están mayores restricciones para impedir que personas vinculadas con partidos políticos o gobiernos integren el Comité Técnico Evaluador, encargado de analizar los perfiles y hacer las propuestas a la Cámara de Diputados para elegir a la sucesora de Taddei.
Ampliar el periodo (de 4 a 8 años) durante el cual quienes hayan ocupado cargos partidistas, gubernamentales o en organismos electorales estén impedidos para formar parte del Comité.
Los panistas también propusieron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la propia Cámara consulte a organizaciones de la sociedad civil antes de proponer a los integrantes del Comité Técnico Evaluador.
Pidieron también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que le corresponde designar a 2 de los 5 integrantes del Comité, actúe con autonomía, evite conflictos de interés y abra mecanismos de consulta ciudadana para definir sus propuestas.
También planteó aplicar medidas públicas de seguridad para evitar la filtración de los exámenes aplicados a los aspirantes, además de solicitar su consentimiento expreso para difundir las calificaciones y evaluaciones obtenidas.
El blanquiazul propuso que el Senado apruebe una iniciativa para revertir las facultades extraordinarias otorgadas a la presidencia del INE, al considerar necesario establecer contrapesos internos, mayores controles administrativos y evitar actos de corrupción.
En este última tema en particular, a Monreal le asiste la razón al oponerse pues la Constitución establece que, una vez iniciado el proceso electoral (el 10 de septiembre pasado) ya no puede haber modificaciones en a la Carta Magna en esa materia.
Pero en lo demás, hasta parece ilógica la resistencia de Morena.
Evidentemente, el control del proceso paso por la designación de quienes serán los cinco evaluadores.
En el anterior proceso, el Comité de Evaluación estuvo conformado por 7 personalidades (el finado INAI tenía que nombrar a 2), cinco de ellos identificados abiertamente con Morena:
María Esther Azuela Gómez, Sergio López Ayllón, Ernesto Isunza Vera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper Favila.
Los dos primeros, designados por el INAI; Azuela votó en contra de la designación de Taddei, por cierto.
Lo que la oposición no quiere es que el manoseo del proceso no se vuelva a repetir.
Monreal dice que está dispuesto al diálogo, pero su disposición termina en donde comienza el interés de la presidenta por mantener el control del INE.
Hasta ayer nada se había avanzado; la convocatoria sigue frenada y, aunque en apariencia no hay prisa, Morena pretende abreviar el proceso, un poco para aliviar la enorme presión social que los actos de corrupción de Taddei y compañía le representan y un tanto porque no quiere aparentar que el golpe le abolló el discurso.
Veremos.
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“Migajeros’’ llamaron panistas y priistas a los diputados del Movimiento Ciudadano, que ayer, antes de que se votara el proyecto de presupuesto para el próximo año, su presidente Jorge Álvarez Maynez, ya había anunciado que “lo acompañarían’’, es decir, que votarían a favor.
¿Cuál fue la moneda de cambio?
La promesa de que el gobierno federal destinará 6,500 millones de pesos a obras hidráulicas en Jalisco y de movilidad en Nuevo León.
Los panista fueron los más duros.
Federico Döring les espetó que por “esas migajas, que representan el .06% del presupuesto anual, van a dejar sin recursos’’ a sectores como salud, educación, el campo, sin apoyo a las madres buscadoras, entre otros.
El panista cuestionó cómo es que recibirían esos recursos si no se modificó el presupuesto asignado a la Conagua ni a ninguna otra dependencia.
Más bien, la decisión del MC suena más a pacto político que a acuerdo económico en beneficio de los ciudadanos de Nuevo León y Jalisco.
Seguro Álvarez Maynez y compañía consideraron que por los 6,500 millones de pesos, bien vale recibir ese adjetivo.
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Por cierto, al cierre de este espacio la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto para el 2027 por 33 votos a favor y 12 en contra.
No se le movió una coma, ni siquiera en el tema del endeudamiento público para el próximo año que será de 1.7 billones de pesos de los cuales, 1.6 billones costará pagar el servicio de la deuda total, que llegará al final del próximo año a los 22 billones pesos, según advirtió la oposición.
Es decir, que si el gobierno fuera el proveedor de un hogar común, significaría echar mano de la tarjeta de crédito para pagar los intereses de otras tarjetas.
Y así, hasta que se acabe el crédito.
