Desde este viernes, el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República (FGR) como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que ejercerá facultades para atender el orden público, dando así más autonomía. 

Pese a las inconformidades de defensores de derechos humanos, en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) fue expedida la Ley de la Fiscalía General de la República, se abrogó la Ley Orgánica de la FGR creada en 2018 y se reformaron diversos puntos de 65 ordenamientos legales, entre los que se encuentran la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, la de Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, entre otras en la materia.

La ley propuesta por el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene como objetivo establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR, así como las responsabilidades y funciones del ministerio público, conforme el apartado A del artículo 102 constitucional.

Además, que el personal de la FGR se regirá por los principios de autonomía, legalidad, entre otros como "objetividad", eficiencia, "profesionalismo" y "honradez" en los derechos humanos; se establece que el personal a cargo durará un periodo de nueve años y será designada conforme a lo reglamentado en la Constitución. Los agentes del ministerio público realizarán sus acciones con absoluta independencia.

También, le corresponderá al ministerio público la investigación y la persecución de los delitos de orden federal y los de competencia ante tribunales, el ejercicio de extinción de dominio, la intervención de todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, como proteger y garantizar los derechos humanos de las personas imputadas y de las víctimas.

La fiscalía podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común previstos en la constitución, tratados internacionales y las leyes aplicables. Además de que la víctima podrá solicitarle esta facultad, entre otras atribuciones.

El titular de la fiscalía tendrá noventa días naturales, desde este 21 de mayo, para expedir el estatuto orgánico de la FGR. En cuanto esto ocurre se seguirán aplicando las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando.

Tras su aprobación por el Senado y la Cámara de Diputados, esta nueva ley fue publicada en el DOF pese a que diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han pronunciado en contra, ya que consideran que la fiscalía podrá escudarse en la autonomía que le fue otorgada para incumplir acuerdos sobre violaciones de derechos humanos.