Investigación Especial de Expediente Ultra
En el Atlas de la Violencia Política del país debe inscribirse el caso de la feroz persecución que la alcaldesa morenista del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, Marisol Ortega López, emprendió desde diciembre pasado contra el Síndico Hacendario, Hugo Pérez Ramírez, quien por no plegarse a los intereses y dictados del Grupo Universidad y negarse a renunciar a su cargo de elección popular, fue destituido y expulsado de sus oficinas con el uso de la fuerza pública, atropellando las Constituciones General y Local, así como la Ley Orgánica Municipal, bajo supuestos actos de corrupción, fabricados mediante burdos montajes.
Los estropicios legales son de tal magnitud que el asunto apunta a traspasar las fronteras estatales para convertirse en un escándalo nacional, exhibiendo uno de más de los abusos que los operadores del ex capo, Gerardo Sosa Castelán –recluido en el Penal del Altiplano–, siguen cometiendo en la política hidalguense.
Testigos de la barbarie política que priva en la gestión de la alcaldesa acaban de serlo nada menos que el nuevo coordinador de los diputados de Morena en el Congreso Local, Francisco Xavier Berganza y el super delegado, Abraham Mendoza Zenteno, quienes acudieron como invitados especiales a su Primer Informe de Gobierno, el pasado lunes 20.
En las redes sociales circulan videos de la brutal agresión que sufrieron los regidores Guadalupe Miranda y Marcelino Pérez, quienes fueron sacados con lujo de violencia del espacio habilitado como recinto oficial por el solo hecho de haber levantado pancartas de protesta, lo que provocó la ira de Marisol Ortega quien de inmediato dio la orden a un grupo de golpeadores que en un estilo cien por ciento porril, los desalojaron a rastras del auditorio, justo en el Día Mundial de la Libertad de Expresión.
En un video difundido en redes, el regidor Marcelino Pérez, denunció lo siguiente: “Nos manifestamos pacíficamente en el informe, contra grupos porriles que nada tienen qué ver con nuestro partido Morena; aparentan ser de Morena pero son simples porros”, dijo con voz entrecortada, con la mano en el pecho, la nariz sangrante y la camisa manchada de rojo.
Pérez manifestó además preocupación por la situación de la regidora Guadalupe Miranda, persona de la tercera edad y con problemas de salud, lo que no importó a los cobardes agresores. Ambos regidores denunciaron en agosto pasado ante la Contraloría del Estado el desaseo jurídico, político y administrativo con que se ha conducido la alcaldesa, pero lejos de anteponer el diálogo a los golpes, decidió aplicar el estilo gangsteril de su guía moral y asesor, Rafael Garnica.
Inevitable que Marisol Ortega niegue la salvaje acción porque, como ya anotamos, absortos e incrédulos, Francisco Xavier Berganza y Abraham Mendoza, se sumaron a las decenas de miradas que no podían creer tales excesos por parte de su compañera de partido.
GOBIERNO QUE NACE TORCIDO…
La historia de desencuentros en el ayuntamiento de Tepeapulco, escribió su primer episodio a finales del pasado año cuando en octubre del 2020 se dieron las elecciones municipales donde Hugo Pérez Ramírez formaba parte de la planilla de Ortega López, hasta entonces una perfecta desconocida en la región y en el municipio, pero apoyada por los ex diputados locales, Rafael Garnica y Jorge Mayorga. No es ningún secreto a voces que Garnica es el verdadero “poder tras el trono”.
Como ha detallado a los medios locales Hugo Pérez, la entonces candidata le exigió al igual que a otros integrantes de la planilla edilicia, una determinada cantidad para mantenerlo en su candidatura. La “cuota solicitada” al aspirante a Síndico Hacendario, primero fue de 100 mil pesos para “bajarla” hasta 50 mil, a lo cual se negó rotundamente.
En tono autoritario, la candidata a presidenta municipal le comentó días antes de la elección del 18 de octubre del 2020, que ya no formaba parte de su planilla, abuso al que hizo eco el propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) al aprobar su supuesta destitución dos días de los comicios, por lo que al ser afectado en sus derechos políticos, Hugo Pérez decidió llevar su acaso ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), que tras revisar el asunto, terminó por devolverle su candidatura, procediendo a otorgarle su constancia de mayoría.
Entre las irregularidades detectadas por el TEEH, se estableció que el IEEH aceptó como buena una renuncia con firma apócrifa de Pérez Ramírez, documento que el Instituto se abstuvo de presentar al Tribunal pues los responsables sabían que estaban metidos en un lío que de lo electoral pasaría el terreno penal.
EN EL IEEH YA DABAN LUZ VERDE A LOS ABUSOS
Además, el afectado pudo comprobar el día de la elección que su nombre no aparecía en la planilla de las boletas electorales por lo que tanto el IEEH como Marisol Ortega, mentían sobre los tiempos en que se le había dado de baja pues en las boletas impresas desde un mes antes aparecía el nombre de Sinaí Ortega Delgadillo, nada menos que primo de Marisol y allegado del ahora ex diputado local, Jorge Mayorga.
Es decir, que la candidata de Morena e incondicional al Grupo Universidad, a sabiendas de que no había respetado los acuerdos políticos acordados desde agosto, todavía quiso timar al afectado con 50 mil pesos. No contestos con la resolución del TEEH, Marisol Ortega y sus padrinos del Grupo Universidad decidieron apelar ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero los magistrados confirmaron la sentencia en su contra al grado que una de sus integrantes señaló que se habían encontrado inconsistencias “muy graves”, en el procedimiento mediante el cual el IEEH, había aceptado la ilegal destitución del aspirante a Síndico Hacendario de Tepeapulco.
Con calzador, el Síndico tomó posesión de su cargo en el acto de entrega del gobierno saliente, el pasado mes de diciembre, firmando bajo protesta y bajo reservas en previsión de que la nueva alcaldesa persistiera en su acoso político. Y no se equivocó porque lejos de asumir una posición institucional, Ortega López y operadores del Grupo Universidad iniciaron los ataques en su contra por otro flanco laboral.
LA SOSA NOSTRA ENTRA EN ACCIÓN
Desde hacía nueve años, Hugo Pérez Ramírez laboraba en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde entre otros cargos fue Director de Normatividad, Administrador del Pabellón y Responsable de Revalidaciones. Cuando la mafia universitaria vio que el aspirante a Síndico de Tepeapulco no se doblaría a sus directrices, intereses y corrupciones, fue llamado nada menos que por Agustín Sosa Castelán, hermano del hoy indiciado y acusado de lavado de 150 millones de dólares, Gerardo Sosa Castelán. Al requerimiento se sumó la diputada federal reelecta, Lidia García, ex dirigente sindical de esa Casa de Estudios.
En un tono francamente gangsteril, ambos personajes le advirtieron que si no renunciaba a sus aspiraciones políticas habría consecuencias en su función como empleado universitario. Según narró a Expediente Ultra, Lidia García le dijo directamente: “Tú no eres del Grupo Universidad. Aquí somos un equipo y todo lo hacemos para beneficio colectivo. Entonces, ¿para ti que es más importante, tu objetivo personal o el objetivo del grupo? Pérez Ramírez le respondió: “Claro que mi desarrollo personal y profesional”. La legisladora lo sentenció al infierno que ahora padece, al decirle: “Entonces no eres del Grupo Universidad”.
De inmediato, el Síndico Hacendario supo los alcances de la mafia que controla a la Máxima Casa de Estudios del Estado desde hace décadas cuando tras solicitar licencia para desempeñar un cargo de elección popular solo le concedieron seis meses de licencia y nos los seis años que marca la Ley Federal del Trabajo. Pelear sus derechos políticos, le ha costado una inhabilitación contraria a la ley en la UAEH.
Hugo Pérez Ramírez asumió el cargo pero siempre lo hizo con la guadaña del Grupo Universidad y del equipo de la alcaldesa sobre sus espaldas. Fue la regularización de los puestos en el mercado municipal donde Marisol Ortega y sus testaferros como el contralor Jesús Edwin Contreras Amador, encontraron la excusa para volver a la carga contra incómodo síndico.
De acuerdo a la tergiversada versión oficial, el Síndico pidió diversas cantidades de dinero a locatarios para supuestamente regularizar sus locales por los que venían pagando una renta mensual, promedio, de 150 pesos mensuales. Al decir de Pérez Ramírez, y luego de hablar sobre el asunto con la presidenta municipal de Tepeapulco, esta le hizo ver que la renta debía incrementarse a 3 mil pesos mensuales, lo que resultaba un absurdo para comerciantes que tras la pandemia apenas sacan para los gastos, pero además para un gobierno morenista que esgrime la doctrina presidencial de “primero los pobres”.
PRUEBAS “HECHIZAS”
El contralor echó mano de inspectores y la fuerza pública para amedrentar a diversos locatarios con el fin de incriminar al Síndico, haciéndoles firmar declaraciones sin que se les permitiera leer su contenido. El asunto es que el contralor Jesús Edwin Contreras hizo tan mal el montaje que el tiro terminó saliendo por la culata.
Uno de los supuestos “extorsionados”, Ricardo Morales Lara, fue citado de urgencia a la alcaldía para entrevistarse con el Contralor quien lo intimidó con el cuento de que no estaba al corriente en el pago de sus obligaciones ante el municipio, por lo que debía mostrarle en el acto los comprobantes para no ser sancionado.
El comerciante le hizo ver al prepotente y altanero funcionario que solo se le había requerido de urgencia y que por tanto no llevaba consigo los recibos que desmintieran las absurdas afirmaciones de Edwin Contreras, pero le recalcó que contaba con todos y cada uno de los recibos para demostrar el pago de sus obligaciones.
Presionado por las ya abiertas amenazas del funcionario y buscando no tener líos, aceptó firmar una supuesta acusación en contra del Síndico que nunca leyó, pero más tarde envío un escrito a la alcaldesa denunciando el irregular proceder de su contralor, haciendo acompañar su queja de todos y cada uno de los pagos realizados por el uso de local.
Todo el legajo de pruebas documentales recabadas por Expediente Ultra –entre estas la sentencia de la Sala Regional de Toluca del TEPJF–, dan fe de cómo se han ido escribiendo cada uno de los episodios de esta agresión y persecución política en contra de Pérez Ramírez, entre estas, la denuncia del comerciante obligado a acusarlo.
Con estas pruebas armadas de forma ilegítima es que tanto el contralor como el titular de la Unidad Investigadora de la Contraloría, Isaí Hernández Cortés, sintieron tener el sustento jurídico para destituir al Síndico Hacendario, solo que para llevar adelante la venganza política del Grupo Universidad apareció a escena el despacho Formus Consultores, que al decir de diversas fuentes, tiene una estrecha relación con Hernández Cortés y cuyas oficinas se ubican en la CDMX. Para ser más exactos en la calle Quetzalcóatl No 12 en la Colonia Arenal, 1ra Sección de la alcaldía Venustiano Carranza.
TAMBIÉN PIDEN JUICIO POLÍTICO
Se supone que esta tarea correspondía en su calidad de Síndica Jurídica a Martina Elvia García, Arteaga, pero la alcaldesa decidió autorizar la firma de un contrato por 60 mil pesos con Formus Consultores para que éste despacho se avocara al asunto jurídico contra Hugo Pérez y asesorar a sus “acusadores”.
En el contrato que también obra en poder de Expediente Ultra, firmaron por el ayuntamiento de Tepeapulco, Marisol Ortega López, en su calidad de presidenta municipal y el Secretario General Municipal, Feliciano Gutiérrez Jurado. Por el despacho contratado lo hizo Felipe Ángel Álvarez Rangel, estipulado una cláusula de confidencialidad para el manejo de la información y documentación del caso. Secrecía por demás explicable si se considera lo torcido de la acusación.
Parece que la mafia universitaria decidió no correr riesgos y encomendó a la Síndico Jurídico otra tarea para cercar al funcionario municipal rebelde. Hace un par de meses y todavía en la pasada legislatura local, Martina Elvia García presentó junto con otros cuatro regidores controlados por la alcaldesa, una petición de juicio político en su contra.
Para su desgracia, la agenda de temas ya no permitió darle el tiro de gracia legislativo al Síndico Hacendario a pesar de la mayoría morenista en el Congreso Hidalguense. Los diputados locales hubieran tenido que explicar a la opinión pública cómo es posible que la edil permitiera que un contralor destituyera a un Síndico electo. O lo que es lo mismo, aceptar que en el ayuntamiento de Tepeapulco los patos le tiren a las escopetas.
Sucede que el 16 de julio pasado, el contralor y su unidad investigadora determinaron, en su calidad de autoridad administrativa, decreta de manera provisional la suspensión de sus funciones del Síndico Hacendario, nada menos que el segundo en jerarquía del ayuntamiento. Eso sí, otorgándole en un gesto de “benevolencia” el pago del 30 por ciento de su salario.
Pero para garantizar que Hugo Pérez Ramírez acatara la disposición de tintes fascistas, se mandó a clausurar sus oficinas con el uso de la fuerza pública.
Lo que está aconteciendo en Tepeapulco, indudable, no se había visto en algún municipio del país, pues que se tenga memoria nunca un contralor inhabilitó a su jefe superior; además, como señalan abogados consultados, no es su función ni está autorizado para ello.
NEPOTISMO Y BARBARIE POLÍTICA
Esta barbarie política, empero, tiene una explicación lógica pues para el Grupo Universidad y su alcaldesa es primordial quitar de en medio, y a como dé lugar, al incómodo Síndico por cuyas manos deben pasar para su supervisión, los contratos, compras y adjudicaciones de toda la alcaldía.
Es vital para los herederos de la Sosa no solo dar un castigo ejemplar al disidente y a los regidores inconformes, sino además sacarlos de la jugada para no tener ojos indiscretos en los negocios que alimentan su enquistada corrupción.
Veamos un ejemplo de esto:
Contrario a los dictados no de robar, no mentir y no engañar al pueblo, pero sobre todo de no meter a la familia a la nómina municipal, Marisol Ortega tiene cobrando a costillas de los impuestos de los habitantes de Tepeapulco a ocho de sus familiares cercanos, entre ellos su esposo, cuñadas y primos, con sueldos que llegan a alcanzar los doce mil pesos mensuales, según consta en documento de transparencia.
Su esposo, Fernando Villalobos Monsalvo aparece como Director del DIF Municipal, su primo, Gilberto Avicena López, ocupa el cargo de Director del Rastro Municipal y su prima Florencia Esperanza, cobra como trabajadora social del DIF Municipal.
El problema para la alcaldesa es que no todos en el cuerpo edilicio son cómplices de sus excesos; el pasado 25 de agosto los regidores Guadalupe Miranda y Marcelino Pérez, solicitaron a César Román Mora Velázquez, titular de la Contraloría del Estado intervenir para poner un alto al desaseo jurídico, político y administrativo en que Marisol Ortega ha sumido al ayuntamiento de Tepeapulco, haciendo notar la absurda suspensión temporal que el contralor impuso a un servidor público surgido de una elección popular, denunciando además que un acto de franco autoritarismo, la alcaldesa decidió borrar el organigrama municipal el cargo de Síndico Hacendario.
El inédito caso está a punto de transformarse en un escándalo nacional, sobre todo porque al asunto del agredido Hugo Pérez Ramírez, se suma la brutal golpiza a los regidores que ya circula en redes sociales. El síndico hacendario está convencido que así como venció a la mafia universitaria en el más alto tribunal electoral del país, ahora puede hacerlo en el ámbito político y jurídico. Su caso ya está sentando, por desgracia, un vergonzoso precedente en la vida municipal del Estado y de todo México, aderezado por la brutalidad de los gorilas de la alcaldesa.
En Tepeapulco, los simpatizantes de Morena que votaron por Marisol Ortega, comentan lo bueno que sería para su presidenta municipal echarse una dosis de mañanera para enterarse que su administración no solo va en reversa sino en contrasentido a la 4T.
