Para muchos sería ingenuidad suponer un beneficio mayor si los demócratas ganaran en noviembre. La detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Loera López y, especialmente la manera como ocurrió representa un punto de quiebre a cuenta de Joe Biden, decisión calculada en función de su campaña demócrata. México y su presidente perdieron su mayor recurso para presionar a las autoridades norteamericanas en su beneficio, abrir la llave de la migración ilegal que, en víspera de la elección presidencial sería suicida.

Vienen tiempos difíciles para México cualquiera el resultado, realidad que habrá de enfrentar el próximo gobierno y como en muchos rubros la herencia de López Obrador complica el espacio para actuar. La negligencia y connivencia contra el crimen organizado por las autoridades nacionales es el mejor argumento para la desconfianza y para una muy administrada colaboración, más si ganaran Trump/Vance que llevaría a la DEA a un primer plano y al argumento de que el crimen se apalanca en acuerdos con los gobernantes mexicanos. 

Por lo pronto las nuevas autoridades deberán dejar en el cajón aquello de los abrazos; las víctimas ahora sí estarían en el centro de la atención. Tal como propone García Harfuch se fortalecería la inteligencia y habría de estar bajo mando civil y no militar como actualmente ocurre. Por cierto, para la designación de los mandos militares en la SEDENA y Marina, la próxima presidenta deberá tomar en cuenta la nueva realidad, todavía más si prospera la destrucción del sistema judicial federal, intención de López Obrador. Sin jueces los policías tienen la palabra y para efectos prácticos ellos están bajo mando militar.

La parte preocupante de la nueva embestida contra los criminales es que surgen de un criterio que ha probado ser contraproducente si no es que desastroso. Descabezar a los cárteles no pacifica ni acaba con el tráfico de drogas, justo lo contrario si no se actúa de manera integral, incrementa la violencia y los criminales se diversifican incursionando en otras actividades delictivas como son la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes, el robo y venta de combustible y la captura de lucrativos negocios legales. Todo esto obliga a fortalecer la investigación criminal y las labores de inteligencia, las que deben tener la mayor prioridad y atención por parte del futuro gobierno.

La relación del gobierno norteamericano con el mexicano sí cambiaría para bien con la exfiscal Harris en la presidencia y se agravaría con Donald Trump, particularmente porque no tendría ningún sentido de contención por su manera de ejercer el poder. Como quiera que sea, en el operativo reciente no hay actuación de policías o agentes de ese país en el territorio nacional y la DEA, némesis del presidente mexicano, no participó. Hay ostensible insistencia en filtrar que el traslado de El Mayo corrió a cuenta de Loera López, aunque es evidente que, de ser cierto, es producto de una negociación con las autoridades norteamericanas sin participar a las mexicanas. Los vecinos del norte ya encontraron con quien entenderse para dar resultados, esto es, los mismos criminales.

Hay un dato nada menor sobre el perfil de Kamala Harris con su postura respecto a promover la legalización de la cannabis, lo que significa que puede diferenciar el tema delictivo o de seguridad sobre el de salud pública. El mundo requiere una revisión a la estrategia punitiva impuesta por el presidente Nixon y que ha probado ser un fracaso. Kamala puede ser la promotora del cambio, que beneficiaría México, aunque no en la parte criminal. Allí habría mando dura.

Otro espacio de diferencia entre Harris y Trump, más allá de las groseras formas de éste, tiene que ver con una visión más humanitaria en el tema migratorio. Los desplantes del republicano anticipan un escenario ominoso para los millones de migrantes ilegales en territorio norteamericano y su determinación de enviarlos a México sin ninguna previsión al respecto.

Es urgente que las autoridades mexicanas recurran a órganos internacionales para obtener una respuesta acorde a la seriedad del problema a manera de apalancar las decisiones que tome el futuro gobierno norteamericano en una perspectiva más razonable y humanitaria que no criminalice al migrante, cuidando a los menores y personas vulnerables. La dimensión social del problema migratorio obliga a una respuesta sensible, eficaz y con mayor sentido de responsabilidad. Quizá esa sea la ventana de oportunidad con Kamala Harris en la presidencia.