El 15 de septiembre, después de haber aceptado y luego desdeñado la presencia del secretario de Estado como invitado a las fiestas patrias mexicanas, el presidente Biden envió un Memorándum oficial al propio secretario de Estado para reafirmar la lista negra estadounidense de países acreditados como traficantes mayores de drogas hacia Estados Unidos y en ella ratificó a México.

Más que un desdén, enojo o capricho, la declinación del secretario Antony Blinken para venir a México estuvo fijada por el espíritu del Memorándum y no por molestia estadounidense a decisiones mexicanas. La razón del documento y las instrucciones para presionar a México y otros países fijó el corto alcance de la estrategia de Estados Unidos contra el narco al culpar a otros países de “la epidemia de sobredosis y adicción a las drogas en curso en Estados Unidos" y de nueva cuenta la Casa Blanca eludió la decisión de combatir dentro de su país a los cárteles mexicanos que dominan la compra venta al menudeo de los estupefacientes.

El Memorándum de Biden se colocó en la lógica de la percepción de la Casa Blanca sobre el consumo de drogas dentro de Estados Unidos que viene desde el Gobierno de Nixon en 1969 y que derivo en la Iniciativa Mérida de 2008 que sigue siendo --y lo seguirá-- la parte central de la política antinarcóticos estadounidense. En este sentido, la reunión de alto nivel del pasado viernes 8 de octubre resultó un fracaso porque EU no pudo obligar a México a regresar a ese documento y tampoco consiguió una versión endurecida de la Iniciativa firmada por Bush Jr. y Calderón.

El desplazamiento forzado por incompetencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la conducción de la agenda geopolítica fronteriza con México y Centroamérica regresó los hilos de las negociaciones al burocratizado e ineficiente Departamento de Estado y sus reglas inflexible unilaterales.

La redefinición de la agenda México en la Casa Blanca se redujo a lo que se podría llamar el Espíritu del TCL basado en el principio de dominación imperial que definió el entonces embajador En México John Dimitri Negroponte en el sentido de que la articulación comercial implicaría el abandono de la política de autonomía soberana de México y la subordinación de los intereses mexicanos a los intereses estadounidenses.

El saldo de la reunión fue previsible en los días previos: la definición del presidente López Obrador de un nacionalismo geopolítico no conflictivo y la negativa de la Casa Blanca a reconocer la existencia de “intereses mexicanos” en la relación bilateral y por lo tanto en la construcción de una agenda bilateral que vaya más al fondo de una mera iniciativa programática de fondos, materiales y capacitación estadounidense y subordinación total al enfoque de seguridad nacional militar de Estados Unidos en las drogas y su geopolítica.

El enfoque estadounidense en materia de narcotráfico no se movió ni una coma del criterio imperial de la estrategia fijada por el presidente Barack Obama, profesor de derecho constitucional, en el sentido de que el origen del consumo de drogas se encuentra en los países sede --madrigueras, de acuerdo con la conceptualización de Bush Jr.-- de los cárteles, un modelo que implicó la extensión ilegal e imperial de la territorialidad estadounidense a otros países y la auto-autorización para realizar operaciones de seguridad en otras naciones sin pasar por los canales políticos y diplomáticos.

El Memorándum del 15 de septiembre del presidente Biden definió los términos de la Iniciativa Mérida 2.0 que el diálogo de alto nivel no pudo consolidar el pasado viernes. De todos modos, la Casa Blanca autorizó ya operativos para que la DEA se siga metiendo en México sin cumplir con las exigencias de la Ley de Seguridad Nacional mexicana para perseguir a capos y cárteles dentro de México con acciones que solo están dándole de escobazos al avispero del narco en México y que contravienen al 100% los enfoques de la estrategia mexicana de construcción de la paz.

La reunión Biden-López Obrador programada para noviembre tampoco llegará a ningún acuerdo en tanto la Casa Blanca no se comprometa a un verdadero acuerdo bilateral que respete los intereses nacionales mexicanos. El secretario Blinken mostró esa parte arrogante de perfiles imperiales al negarse siquiera a procesar las propuestas mexicanas de una verdadera colaboración y dejó en claro que el gobierno de Estados Unidos continuará con decisiones unilaterales e intervencionistas sin requerir acuerdos y se estacionará solo en el concepto de iniciativa.