Huelga, no paro sindical, en poder
judicial; violan contrato laboral
Por Carlos Ramírez
Luego de su derrota legislativa en la decisión en la mayoría en las dos cámaras de cancelar la existencia de trece fideicomisos especiales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se metió en una crisis interna en el Poder Judicial por el paro de labores durante tres semanas de los 54,000 trabajadores del sector judicial que interrumpió el ritmo de la justicia en detrimento de los ciudadanos.
La decisión sindical se tomó como mecanismo de apoyo institucional a la ministra presidenta en su jaloneo con el poder legislativo, a pesar de que los fideicomisos no forman parte del contrato de trabajo y el Poder Judicial tiene a la mano los instrumentos jurídicos de la controversia constitucional y el amparo para revertir una decisión de intromisión del poder legislativo en la autonomía presupuestal del Poder Judicial.
Las relaciones obrero-patronales en el Poder Judicial se rigen por los reglamentos de trabajo muy similares a los que operan en las relaciones productivas trabajadores-empresas privadas. El modelo de paro funciona como acto de protesta de corto plazo, pero dejando el instrumento de la huelga como decisión legal ante violaciones a los reglamentos de trabajo o contratos laborales; los paros casi siempre han funcionado como decisión de un día y la mayor parte de las veces como acto de solidaridad política gremial.
El sindicato del Poder Judicial decretó de manera unilateral un paro de labores del 18 al 24 de octubre para presionar al Congreso y cerró las puertas de las instalaciones judiciales, dejando poco espacio al desahogo de los casos de Justicia y sólo para asuntos de emergencia y dentro de la modalidad de trabajo en casa. Ante el fracaso de la presión política sobre la Cámara de Diputados y la aprobación contra fideicomisos en el Senado, el sindicato anunció el mismo 24 que se extendía el paro de labores hasta el domingo 29 de octubre, cinco días más, aunque con la inusitada decisión sindical de que sería un paro mixto porque se permitía que los funcionarios que quisieran regresar a trabajar pudieran hacerlo.
La decisión sindical del segundo paro del 25 al 29 contó con el apoyo en modo de estímulo del Consejo de la Judicatura Federal, el organismo superior del Poder Judicial, según comunicado del secretario ejecutivo del pleno de la judicatura, magistrado José Alfonso Montalvo Martínez. En su reporte, el CJF avaló la decisión irregular del sindicato de un paro mixto, es decir que dejaron de trabajar como elemento de presión, pero sin ser obligatorio o decisión mayoritaria.
La decisión de la ministra Piña Hernández de introducir al sindicato en la crisis de los fideicomisos con un paro de labores que afectó la dinámica de la prestación de justicia fue un instrumento de manipulación laboral para influir sobre la autonomía legislativa para votar sobre el tema de los fideicomisos, pero, como señalaron importantes juristas, en el entendido de que no se ven afectadas las relaciones obrero-patronales, pero manipulado a la planta sindical de 54,000 trabajadores de base para intentar obligar a los legisladores a detener decisiones autónomas.
La ministra Piña Hernández arribó a la presidencia de la Suprema Corte y de la judicatura federal con un discurso de confrontación independentista con respecto a sus relaciones sobre todo con el intervencionismo discursivo del jefe del Poder Ejecutivo Federal, pero también en el fondo con actitudes de resentimiento con la anterior presidencia judicial del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien ha maltratado en decisiones burocráticas.
Además de maniobrar y manipular al sindicato judicial, la ministra Piña Hernández aceptó una propuesta de intervencionismo legislativo que había sido armada por las bancadas del Frente Amplio que impulsa la candidatura presidencial opositora de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y la bancada disidente del senador morenista Ricardo Monreal Avila. Es decir, que la ministra presidenta de la Corte entró de lleno a la lucha por la presidencia del 2024 a favor de la oposición, violando cualquier compromiso de no intervención en asuntos político-electorales. La negativa de la dirección política del Senado a recibir la presencia de la jefa del Poder Judicial debe ser interpretado como un regaño del poder legislativo al Poder Judicial.
Lo que queda por delante es el reporte que está obligada a dar la ministra presidenta de la Corte sobre los daños causados al proceso de justicia por los paros político de los trabajadores para impedir decisiones autónomas del poder legislativo.
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