Debate de Ley CFE: la Casa Blanca como el legislador 501

Aunque muchos analistas están enfocando el tema de la ley eléctrica desde el punto de vista del enojo y el acoso de la Casa Blanca contra el poder legislativo mexicano, el trasfondo del debate es más complicado: la disputa por la soberanía económica de México y el agotamiento del Entendimiento Bicentenarioque hablaba de acuerdos mutuos.

El Gobierno de Estados Unidos es hoy el gestor de los intereses de las empresas eléctricas estadounidenses que no quieren litigar en los tribunales correspondientes ante la probable derrota frente a la capacidad soberana del Estado mexicano de asumir el modelo económico que desee la correlación de fuerzas nacionales.

El otro punto concreto en disputa se localiza el agotamiento del mecanismo de cesión de soberanía nacional que pactó el presidente Carlos Salinas de Gortari en el contexto del Tratado 1991-1993, porque la Casa Blanca está utilizando las presiones de inversionistas para obligar a México a asumir de paso las sanciones decididas por la Casa Blanca en Ucrania que es una guerra de expansión imperialista estadounidense.

En este escenario, todo el aparato de poder de la Casa Blanca se ha volcado para presionar al poder legislativo mexicano y sumarlo/subordinarlo a los intereses estadounidenses, pues en el contexto del debate de las relaciones bilaterales y de la negociación legislativa de la ley eléctrica, el embajador estadounidense Ken Salazar --en función concreta del diputado 501 de la cámara mexicana-- se pronunció contra la decisión de fuerzas políticas legislativas de establecer amistad con quien desee, sin tener en cuenta las prioridades estadounidenses. La oposición del diplomático al grupo de amistad México-Rusia fue un acto de intervencionismopolítico que no se veía desde los tiempos proconsulares del nefasto embajador estadounidense John Gavin para imponer a México las prioridades de seguridad nacional militar de la Casa Blanca de Ronald Reagan.

La presión directa de la Casa Blanca contra el Gobierno mexicano y las amenazas de sanciones y multas multimillonarias que se impondrían a México no son otra cosa que la violación por parte de Biden del reciente Encuentro Bicentenario que se basaba en el respeto a la soberanía mexicana para tomar las decisiones que convengan a los intereses mexicanos. Pero ahora resulta que Biden usa el poder de la Casa Blanca para impedir que en México tome decisiones soberanas en función de los intereses mexicanos.

La percepción que se tiene en expertos de conflictos contractuales privados es que la ley eléctrica le da ventajas nacionales a México y en consecuencia el Gobierno estadounidense y las empresas transnacionales se la han pasado amenazando con multas que ahora resulta que podrían costar 10,000 millones de dólares, aunque se trata de cálculos matemáticos que no tendrían el resultado especifico en la realidad.

La Casa Blanca ya politizó la ley eléctrica y sus presiones buscan doblegar a los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos para modificar una iniciativa presidencial a partir de las prioridades estadounidenses, enterrandode manera ostentosa los criterios nacionales mexicanos que lleva implícita la iniciativa.

La propuesta alternativa de la coalición PRI-PAN-PRD para otra ley eléctrica que carece de mayoría y que responde a los intereses estadounidenses lleva la marcaindeleble de los intereses de la Coparmex y del activista ultraderechista Claudio X. González. Es decir, que tres partidos mexicanos de oposición recogieron en su iniciativa los intereses intervencionistas de la Casa Blanca para bloquear el proceso legislativo en marcha dentro de las comisiones. El mensaje que deja la iniciativa opositora no es otro que el de perfilar ya la penetración de los intereses estadounidenses en estructuras político-partidistas mexicanas que estarían, a la vez, creando un cuadro de intereses trasnacionales que desnacionalizarían el proceso de elección presidencial del 2024.

El punto central de la ley eléctrica se localiza en la intervención directa de la Casa Blanca y el uso de los instrumentos de presión diplomática contra una decisión que debe analizarse en función de los intereses nacionales. En este sentido, la Casa Blanca aparece como el legislador 501 de la Cámara mexicana de diputados, con el apoyo y beneplácito de la oposición legislativa.