Ley CFE: Salinas, Calderón, Peña Nieto, Coparmex y el embajador de EU
Si todos los datos indicaban que la mayoría de Morena no había conseguido los 57 votos para lograr la mayoría calificada, la decisión presidencial de llevar la discusión de la ley eléctrica al Congreso representó un escenario político que será clave en el 2024: exhibir a la coalición conservadora PRI-PAN-PRD-EU-Coparmex-Claudio X González como estructura de poder político del neoliberalismo salinista.
El presidente López Obrador tiene herramientas políticas guardadas para seguir avanzando en la reconstrucción del Estado que había destruido el modelo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. La Constitución reconoce que el dominio del Estado sobre de electricidad no representa un monopolio y sí protege la capacidad del Gobierno para avanzar en la recuperación de la preponderancia de la Comisión Federal de electricidad.
Asimismo, el gobierno lopezobradorista tiene la capacidad para detectar las irregularidades en la prestación privada del servicio eléctrico que promovió el Pacto por México firmado con Peña Nieto por el PRI, el PAN y el PRD, además de contar con el instrumental jurídico para cancelar contratos obtenidos de manera irregular.
De igual manera, aún sin la ley eléctrica, el Estado tiene la prioridad de reorganizar la Comisión Federal de Electricidad para cumplir con los objetivos planteados por la ley rechazada el domingo en la Cámara.
El debate del domingo puso en el centro de la discusión los compromisos de violación de la soberanía mexicana que firmó Salinas de Gortari para lograr el Tratado de Comercio Libre, subordinando al Estado mexicano de derecho a los tribunales internacionales. El negociador peñista del Tratado, el hoy diputado priísta Ildefonso Guajardo como cancerbero, no tuvo rubor en reconocer que esos pactos secretos del Tratado disminuyeron la capacidad soberana del Estado mexicano para decidir en función de los intereses nacionales.
El problema de fondo no radica en la voluntad arbitraria del Estado mexicano para perseguir casos ostentosos de corrupción en el otorgamiento de contratos y en el funcionamiento tergiversado de las empresas privadas prestadoras de servicios eléctricos. En realidad, el tema central se resume en la capacidad soberana del Estado de realizar ajustes en negociaciones que vulneren la soberanía y que de hecho contradicen el mandato constitucional del Estado cómo el eje rector de la economía.
El otro tema que no fue profundizado en la Cámara debe ser susceptible de un análisis a fondo: considerar el acceso a la electricidad como un derecho humano, cuando en los hechos se trataría de un derecho social. Los derechos humanos son aquellos que tienen que ver con la integridad física del ciudadano ante abusos del Estado.
Fue paradójico ver a la oposición defender su propuesta de electricidad gratuita a sectores de bajos ingresos o con vulnerabilidades sociales, después de que durante mucho tiempo condenaron la decisión del entonces líder social López Obrador de apoyar el no pago de los recibos de luz en algunas comunidades tabasqueñas.
Lo que quedó muy claro en la negativa de la oposición de apoyar la reconstrucción de la hegemonía del Estado en la electricidad como un recurso de explotación exclusiva del sector público fue el reconocimiento a la existencia de evidencias que probaron la cesión de soberanía nacional del presidente Salinas de Gortari en la negociación del TCL en 1991-1994.
A partir de la desaprobación de la iniciativa de una ley de servicio eléctrico, el poder legislativo tiene la obligación de revisar los contenidos del Tratado que cedieron soberanía nacional en materia económica a tribunales extranjeros. Y el gobierno lopezobradorista tiene, a su vez, la obligación inmediata de iniciar procesos judiciales sobre casos de corrupción en contratos eléctricos con empresas privadas e inclusive llevar los expedientes a los tribunales internacionales para denunciar la forma en que la reforma eléctrica de Peña Nieto de 2013 vulneró la soberanía nacional.
La sesión del domingo mostró a una oposición en modo de Pacto por México 2.0 y colocada en el espacio político de la desnacionalización de la economía y la subordinación del Estado mexicano a tribunales internacional. Y al final de cuentas la votación mostró a una oposición neoliberal y conservadora aliada empresas extranjeras y a la embajada de Estados Unidos en rumbo de la elección presidencial de 2024.
