Con el uso de infraestructura y recursos aprobados para funciones específicas del INE, los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón y el secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo se han convertido en el pivote aglutinador de una campaña mediática para atacar la iniciativa de reforma electoral presentada por el partido Morena y el presidente de la República.
En este contexto, los actuales dirigentes del INE quieren impedir la reforma que terminaría con el ciclo caciquil de José Woldenberg, buscan acotar el nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales en abril del 2023 y la intención final es dejar al secretario ejecutivo Jacobo como el poder electoral real para frenar a Morena en las elecciones de 2024.
Si se quiere resumir la intención de la reforma electoral, bien se pueden utilizar cuatro adjetivos: deswoldenbergrizar, descordovisar, desmurayamizar y desjacobonizar el Instituto Electoral para regresarlo a un organismo funcional para la realización de elecciones y no para defender las posiciones ideológicas de una socialdemocracia aguada que de manera paradójica no es más que un modelo salinista de tipo social-capitalista que bien se puede resumir en un Pronasol.
En términos estrictos, Córdova y Murayama tienen todo el derecho de dar sus puntos de vista contra una reforma que los borraría del mapa electoral, pero habría que analizar situaciones de peculado porque utilizan su cargo, su función de asalariado institucional y los recursos del Instituto para confrontar una iniciativa que todavía no se discute en el espacio real y efectivo del sistema de representación política de toda democracia procedimental que es el poder legislativo. Usar el cargo burocrático para confrontar una iniciativa de un actor político no es más que un mecanismo propio de las dictaduras populistas latinoamericanas. Córdova y Murayama han explotado la representatividad de su cargo para desvirtuar una reforma qué cambiaría el escenario electoral del 2024.
La argumentación de los dos funcionarios del INE se sustenta en la tesis de que la actual estructura electoral debe funcionar en las presidenciales de 2024; y para evitar sorpresas porque los dos ya no estarán en el Consejo General del Instituto, la pieza clave que está en el eje de la disputa de corto plazo en la propuesta de reforma es el papel que debería jugar el actual secretario Ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo, a quién Córdova reeligió en ese cargo hasta 2026, violentando procedimientos legales.
En el 2020, Córdova impuso en alianza con el PAN la reelección de Edmundo Jacobo como secretario Ejecutivo, toda vez el propio Córdova había sido designado consejero presidente del Instituto a través de la reforma electoral pactada con Peña Nieto y el PAN en contra del PRD. La secretaría ejecutiva del Instituto es la pieza clave para el control de la burocracia y los recursos presupuestales y por lo tanto Córdova y Murayama están buscando que Jacobo se quede en el cargo después de que ellos terminen su periodo en abril del año próximo.
En este contexto, la verdadera la lucha de trincheras en torno a la reforma electoral se dará con el nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales y la salida sobre todo de Córdova y Murayama, quienes están condicionando la permanencia de Jacobo como secretario ejecutivo. Sin embargo, Morena tiene claro que la recomposición del consejo ejecutivo del Instituto con la salida de Córdova y Murayama tendrá que apresurar también el relevo de Jacobo para evitar que el cacicazgo burocrático de Woldenberg y Córdova sigan mangoneando a trasmano los recursos y el enfoque político del organismo, y con mayor razón si se cambia de nombre al Instituto.
Si Córdova y Murayama quieren seguir su protagonismo contra una iniciativa de reforma presentada por un partido político registrado, entonces estarían obligados a renunciar desde hoy a sus cargos y encabezar a la oposición PRI-PAN-PRD-Coparmex-Claudio X. González en contra de la propuesta de reforma electoral. Utilizar sus cargos y los recursos públicos para confrontar una iniciativa partidista no es sino una forma de corrupción política y una manera de caer en la posibilidad de peculado por la desviación de sus recursos salariales para administrar un organismo y dedicarse a sabotear una iniciativa partidista.
Y Morena debe prepararse para empujar la salida de Edmundo Jacobo del INE en abril próximo para evitar que Córdova y Murayama sigan mangoneando a trasmano el organismo electoral.
