El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado al Estado Mexicano para frenar las prácticas de explotación infantil y garantizar entornos libres de violencia en todas las escuelas del país, así como contar con mecanismos de denuncia con fácil detección y canalización, que sean amigable y eficaces, y que protejan a todas las niñas, niños y adolescentes de cualquier forma de violencia, especialmente la violencia sexual.

 Con lo anterior, respecto al informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, se detalló el modus operandi de una red que se extiende al menos en siete estados de la república, siendo la Ciudad de México la entidad con más casos.

Dicho texto refiere que las víctimas, cuyas edades oscilan entre los tres y cinco años, denunciaron delitos de manera visible y masiva dentro de las escuelas públicas y privadas, en donde se identifican como agresor a las personas que laboran dentro de ellas.

Asimismo, tras estudiar el informe presentado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), la Unicef remarcó que el gobierno tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender de forma oportuna este tipo de incidentes, como lo es el abuso sexual infantil en todo contexto.

Además, se resaltó que “todas las niñas y los niños identificados por ODI requieren la inmediata intervención de las autoridades para garantizar su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos, sin discriminación de ningún tipo y a través de una atención basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia particular”.

Por otro lado, se pronunció a favor de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló la amplia necesidad de investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculas con probables casos de violencia sexual, y la importancia de una coordinación inmediata y eficaz del Sistema de Protección (SIPINNA).

Así pues, el Organismo de Naciones Unidas, señaló la importancia de escuchar a las y los afectados, proporcionarles toda la información necesaria en cada etapa de los procedimientos y acciones a realizarse para atenderlos y restituir sus derechos, proteger su privacidad y resguardar su identidad ante cualquier circunstancia.