Es verdaderamente irritante e hilarante que varias

medidas llevadas a cabo por López Obrador sean tachadas

de propias de una dictadura, la cubanización o hasta el

principio del comunismo.

Más que en ese grupo se encuentren columnistas

importantes de medios que han perdido su público entre los

lectores y en sus portales sean más buscados los escándalos

de los poderosos o los enredos de los artistas.

El reciente decreto del gobierno federal para utilizar

una parte de lo concesionado al Grupo México en la red

ferroviaria que privatizó el chicuelo Ernesto Zedillo para

evitar que los pobres viajaran en tren y los automotores

fueran el gran señor que hoy es el que contamina

destruyendo el planeta, fue catalogado por dicho clan muy

bien pagado como: ataque a la propiedad privada y lo que

traerá ausencia en las inversiones.

¡Vaya torpeza ¡

Los 117 kilómetros que utilizará la administración

pública de Ferrosur para terminar sus obras prioritarias en

el sureste no son nada ante los once mil 131 kilómetros

privatizados a Transportes del Grupo México, por el tal

Zedillo que hoy es socio de un consorcio estadounidense de

trenes.

Además, hasta el muy crítico de Andrés Manuel, el ex

ministro José Ramón Cosío, dijo que la medida no era

anticonstitucional, sino que estaba enmarcada conforme a

derecho e incluso que el gobierno pagaría por utilizar las

instalaciones (Aristegui, 23 de mayo).

¿Comunista? ¿ AMLO seguidor de Castro o Hugo

Chávez?

No. Informadores repetidores de lo que alguien les

dicta o no investigan más que con el hígado.

El proyecto que se realiza en el sureste, además, es

prioritario para el TMEC, ya que las mercancías serán más

rápidas para llegar a su destino, en esta época de

relocalización, ya que Estados Unidos está en gravísimos

problemas económicos y va rumbo a la bancarrota (ver

artículo de Jeffrey Sachs, Las guerras de Estados Unidos y su

crisis de deuda en La Jornada 21 de mayo).

Pero como la lucha política que no de clases está

basada en la estridencia, la alharaca a cualquier medida que

los dueños de los medios sientan que no les produce

beneficio a sus amigos y socios, es atacada sin valorarla.

Viri Ríos (Milenio, 22 de mayo) señala correctamente

que hasta en Estados Unidos (2019 en Texas); Inglaterra

(2018 trenes) y España (en Barcelona, instalaciones

desocupadas de banca para vivienda, en 2020) como en

otros países capitalistas hay expropiaciones.

Violeta Vázquez (Sin Embargo, ídem) precisa que

nuestro artículo 27 constitucional (¡oh, defensores de este

texto, por favor revísenlo!) señala tres causas posibles:

expropiación (no que amamos a Lázaro Cárdenas por esta

medida petrolera), ocupación temporal de un bien y causa

de utilidad pública.

Esta última medida llevó a cabo la 4T, y tendrá que

erogar una cantidad temporal a Ferrosur (Cosío dixit), ya

que el angelito de Germán Larrea quería como venta de sus

rieles nueve mil 500 millones de pesos, de un bien nacional

que se lo regaló el antinacional Zedillo.

Así como Larrea eroga por concesiones mineras de más

de cien años, un peso por hectárea. Lo que le ha permitido

ser el segundo hombre más rico de nuestro país.

Esos impresos y sus articulistas muy bien pagados que

hoy saltan, vieron muy positiva la medida de Vicente Fox de

expropiar 27 de 36 ingenios azucareros. Aunque después no

dijeron nada cuando quebraron. Todo el proceso para

enriquecer con dinero público a los pésimos supuestos

empresarios y favorecer a nuevos dueños que no invirtieron

un centavo.

Con Ferrosur y las mineras tóxicas: Pasta de Conchos,

Río Sonora todavía contaminado y contaminando medio

país (incluso con su empresa Cinemex), Germán Larrea

aumentó su fortuna de 2020 a la fecha en ¡149 por ciento!

En tanto Fox y Martita, continúan recibiendo dinero

hasta ahora de los gobiernos de Guanajuato, donde los

feminicidios están cada vez más al alza (Proceso, número

2429; 21 de mayo).

¡El capital privado no se toca!

jamelendez44@gmail.com

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