José Luis Camacho Acevedo

Aunque el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha abusado de su poder y se ha portado como un verdadero desadaptado social, llamando una y otra vez a sus más fanáticos seguidores a romper las leyes y crear desorden, la censura en sus redes sociales es algo que pienso no deberíamos celebrar con entusiasmo, mucho más quienes nos dedicamos a expresar nuestras opiniones en los medios de comunicación.  

Y es que leo en las redes sociales que mucha gente está contenta porque Twitter y Facebook le pusieron un alto a Donald Trump y sus mentiras, sin embargo, uno debe parar y analizar el enorme poder que le hemos dato a estas grandes plataformas de comunicación y que como hoy podemos observar, influyen de forma determinante en la formación de la opinión pública.

En esta era de la posverdad, es increíble, pero es verdad: tanto Facebook y Twitter tienen tanto poder que pueden cambiar el rumbo de las elecciones de un país, muchas personas hoy en día se informan únicamente por este tipo de medio de comunicación, entonces todos los actores políticos deberían tener la libertad de expresar sus ideas.

El día de hoy, se trata del ultra mentiroso, Donald Trump, y por obvias razones muchos celebran la decisión de censurarlo por tiempo indefinido, pero... ¿qué pasará cuando empiecen a censurar otras corrientes de opinión?, tal como hoy sucede en países como China o Corea del Norte, en donde su gobierno tiene el poder de controlar las redes sociales violando flagrantemente los derechos humanos y la libertad de expresión.

Lo que hoy sucede con Donald Trump está sentando un precedente muy peligroso, el cual parece que no queremos o podemos ver, además de que los gobiernos de las naciones no están encontrando soluciones para proteger las libertades necesarias para el debate público.

En este sentido, ayer durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la actuación de Twitter y de Facebook de censurar mensajes e impedir su transmisión como si fueran la Santa Inquisición porque: “considero que lo que estás diciendo es perjudicial. ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está la legislación? Esto es un asunto de Estado, no es un asunto de las empresas”.

La libertad de expresión es algo que como periodistas y medios de comunicación debemos defender a toda costa, sin importar quien es el personaje a quienes se le están restringiendo sus derechos para comunicarse plenamente.

EN TIEMPO REAL

1.- La candidatura de Félix Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero podría caerse.  La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena abrirá una investigación de oficio en su contra por las acusaciones de que cometió abuso sexual en 2016.

Se prevé que al menos tres de cinco integrantes del órgano jurisdiccional morenista avalen el inicio de la investigación, y si la CNHJ confirma las acusaciones en su contra, tras el periodo de audiencias y alegatos, el político guerrerense podría ser expulsado del partido y estaría impedido a contender por cualquier cargo de elección popular, por cometer infracciones graves previstas en el estatuto de Morena

2.- A casi seis meses de que fuera extraditado a México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República finalmente anunció que la próxima semana iniciarán las judicializaciones en contra quienes ya se cuenten con elementos probatorios.

Entre los mencionados en la declaratoria de Lozoya están: Luis Videgaray, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, Ricardo Anaya, David Penchyna, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Ernesto Cordero, Carlos Treviño, detalló la FGR.

¿Será que todos los aludidos sean llamados a rendir cuentas? En caso de que sea así, será sin duda un gran golpe en la estrategia presidencial contra la corrupción.

3.- Preocupa a muchos la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció para desaparecer los organismos constitucionales autónomos.

Los órganos constitucionales autónomos son instituciones establecidas por la Constitución, su objetivo es desempeñar funciones altamente especializadas y técnicas, establecidas en la propia Constitución.  Entre las causas que motivaron su creación se encuentran la pérdida de legitimidad social de las autoridades tradicionales, enmarcada por la complejidad creciente de la administración pública y de las tareas a su cargo, lo que requiere de funcionarios altamente capacitados y sin afiliación partidista o funcional, dado el desprestigio mencionado.

Es por ello por lo que se debe tener especial cuidado en su posible eliminación e integración de sus funciones al gobierno, como lo sería las secretarías de Comunicaciones y de la Función Pública, según sea el caso.