El 25 de diciembre concluyó el término para que se acreditaran las adhesiones para el proceso de revocación de mandato. Los números son reveladores de la farsa. Los interesados en la revocación no son tales, justo lo contrario, son quienes desean que el Presidente López Obrador permanezca en el cargo. El mismo Presidente ha sido promotor de la consulta con la expectativa de que la abrumadora mayoría de quienes participen votarán por su continuidad. No es el propósito de este expediente de democracia directa, pero el Presidente y su partido así lo han considerado: la revocación vuelta ratificación.

En consecuencia, ha sido el partido del Presidente el responsable de levantar las adhesiones. Tal como ha sido práctica en procesos análogos, el INE propuso una aplicación digital para teléfonos móviles a manera de integrar las firmas a favor de la consulta. El Tribunal Electoral resolvió que esto debiera complementarse con adhesiones en cédulas documentales. Utilizar un dispositivo digital simplifica el trabajo de campo y también la verificación o validación de las adhesiones. Se anticipa que la mayor proporción de los apoyos provendrán de documentos, lo que complica significativamente el proceso.

Se requiere acreditar 3% de la lista nominal, esto es, 2,758,227 apoyos, distribuidos en, al menos, 17 entidades federativas. A través de la aplicación se han presentado 1,372,963 adhesiones ciudadanas, de los cuales 79% se encontró preliminarmente en la lista nominal sin inconsistencias; sin embargo, 21.35%, es decir, 293,106 presentan irregulares, es decir, sólo se han acreditado 39% del total necesario.

La farsa de la consulta se acredita con la identidad de las entidades en las que se han recabado el mayor volumen de firmas: Tabasco y la Ciudad de México; la revocación no es tal, se trata de un ejercicio de ratificación de mandato. Cabe señalar que los estados con el menor número de firmas son Baja California, Sonora, Colima y Nayarit, entidades con elección reciente de gobernador y en las que prevaleció el partido del presidente López Obrador.

El INE ha informado la recepción de 2,000 cajas, en las que supuestamente se encuentran más de 4 millones de adhesiones a la consulta. Los documentos deberán verificarse por un ejército de analistas. El esfuerzo es mayúsculo para concluir en tiempo el examen documental. Hacer este trabajo requiere financiamiento, justo lo que no ha facilitado el partido interesado en efectuar la consulta.

Positivo que el Presidente López Obrador se haya pronunciado en contra de la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara de Diputados contra los consejeros del INE, los que votaron a favor de la posposición de la consulta. Sin embargo, se requiere mucho más del Presidente. Lo primero es que no tergiverse las resoluciones de la Corte, que todavía no se ha pronunciado respecto al tema de la insuficiencia del presupuesto y, en consecuencia, no hay lugar a exigir una retractación de los consejeros del INE por haber votado la posposición. En todo caso, habrá que esperar las determinaciones del Tribunal Electoral respecto a los derechos ciudadanos vulnerados por la posposición y las de la Corte respecto al presupuesto.

El Presidente tampoco debe señalar que se separaría del cargo, aunque no se alcance 40% de la participación y que la mayoría votara a favor de la revocación de su mandato; los cargos por voto popular son irrenunciables, y es evidente que ganará abrumadoramente la consulta.

La farsa de la consulta sigue su curso; inexplicable que distraiga la atención del gobierno y de las instituciones frente a los graves problemas de salud, economía y estado de derecho. Tiempos en lo que importa es la popularidad, no los resultados.