Mucha atención se ha dedicado a la polémica que rodea a la ministra Yasmín Esquivel. La renovación de la presidencia en la Corte es tema de la mayor relevancia; sin embargo, no queda claro que la opinión pública ni la publicada tengan idea sobre los riesgos, más allá de la ministra misma y de la indefendible postura del presidente López Obrador de que la misión de los ministros es defenderlo tanto a él como a su proyecto político.

Concluye la presidencia de Arturo Zaldívar; su mayor mérito es haber disuadido a López Obrador de crear un órgano supremo judicial por arriba de la Corte. Debe recordarse que el mandatario anunció tal iniciativa en un momento en el que tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El Poder Judicial es mejor ahora. Además de más eficacia hay un mayor sentido de integridad, profesionalismo y de empatía por las mujeres en adversidad.

La polarización prevaleciente impide una justa valoración del desempeño del ministro presidente. Las opiniones prescinden de los hechos y de los resultados, todo se reduce a lo que la Corte debería hacer con su presidente. Es preciso subrayar una y otra vez que el Poder Judicial no es un contrapeso del Ejecutivo, tampoco su tarea apoyar al régimen, como ha dicho López Obrador al mostrar su desencanto por algunos de los ministros propuestos por él.

La función de la Corte es acreditar la legalidad y constitucionalidad de los actos de autoridad, vengan de donde vengan, incluso de otros órganos jurisdiccionales y legislativos. Para un presidente ayuno de sentido de legalidad puede interpretarse como una afrenta, una postura conservadora que todo reduce a la formalidad, y ajena al sentido de justicia. No entiende que, para todo funcionario de la República, mucho más para quien ostenta la mayor jerarquía, no hay otra justicia que la legal.

Quiérase o no, esta Corte ha servido bien al sistema de justicia. Sus decisiones pueden parecer polémicas, especialmente la elusiva declaración de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica; sin embargo, en su conjunto y en su desempeño, de los tres poderes de la Unión es el que, por mucho, mejor ha servido a la República.

Los dos asuntos más delicados por resolver, cruciales para el presidente y para el país, son, por una parte, las reformas que militarizan a la guardia nacional; por la otra, el llamado plan B de la reforma electoral. Ambos son prueba de fuego para la Corte. La apuesta del régimen ha sido por la inconstitucionalidad de los actos legislativos, bajo la expectativa de que es muy difícil reunir 8 votos para declararlos violatorios de la Constitución. No está por demás señalar que es una idea fundada en el prejuicio, con todo y que hay dos ministras de voto consistente a favor del gobierno y uno más con esqueletos en el clóset que lo vuelven objeto de presión indebida por parte del Ejecutivo.

El voto secreto para elegir presidente ministro carece de sentido. Si se publican los programas que cada uno de los prospectos plantea para el Poder Judicial, no existe razón para la secrecía de voto. Recurrir al voto secreto es para salvaguardar la libertad del elector, innecesaria en el caso dada la investidura que cada uno ostenta. Además, cuando son cinco los candidatos y once los electores, propicia el voto a sí mismo, que no deja de ser un tema embarazoso y que no va con la dignidad que se espera y que la mayoría de los integrantes del pleno bien ganada tienen.

El reglamento que regula la votación de presidente de la Corte deriva de ellos mismos, llevando a pensar que son mejores juzgadores que legisladores. Pronto se conocerá el nombre de quien presida la Corte. Uno de los temas a resolver será el estilo de desempeño. El ministro Zaldívar, con la reforma judicial por él promovida, fortaleció el cargo. Los tiempos hacia delante son desafiantes, y el espíritu de cuerpo es la mejor salvaguarda. Como tal, sería idóneo que el voto final fuera de consenso y que se recuperara el sentido de que la Corte es un cuerpo colegiado, que no se mide por alguno de sus miembros, por relevante o importante que sea.