La crisis en las microfinancieras de México arrastró sus efectos hasta la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), institución que el gobierno federal busca desaparecer bajo el argumento de que es un organismo “atrofiado” e “incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el desarrollo rural, elevar su productividad y mejorar el nivel de vida de la población”.
Entre las tendencias de los indicadores de la FND no se reflejan grandes brincos al cierre de 2022, pero hay un par de excepciones que destacan: el incremento de 124.8 por ciento en la cartera vencida de los créditos otorgados a través de instituciones financieras no bancarias, sobre todo sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y la caída de 23.1 por ciento en la cartera vigente.
La semana pasada el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de decreto por el que se extingue la FND y se abroga su ley orgánica, lo que encarrila el cierre de la financiera fundada durante la administración de Vicente Fox Quesada.
Al margen de los riesgos en la forma en que se otorgaban los préstamos y que ya habían sido destacados de forma recurrente por el auditor externo del organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la FND vio en esta administración una reducción en la colocación de crédito y menos recuperaciones del financiamiento.
“No obstante que la propagación de la pandemia durante 2021 y 2022 ocasionó acontecimientos disruptivos durante esos años, la administración visualiza que durante el ejercicio 2023 la Financiera podrá continuar como negocio en marcha; sin embargo, se está llevando a cabo una evaluación especial de los rubros de los estados financieros que podrían sufrir algún impacto en la información financiera”, se lee en los comentarios al estado financiero del organismo.
En sus más recientes informes financieros, la FND exhibió que su cartera vigente se redujo de 21 mil 133 millones de pesos en 2021 a 15 mil 294 millones al cierre del año pasado, mientras la vencida avanzó de 5 mil 622 millones de pesos a 8 mil 281 millones de pesos. Es en esta última donde se hace patente la asfixia proveniente del impago vía instituciones financieras no bancarias (IFNB).
