La Divisa del Poder

Adrián Trejo

Un auténtico petardazo resultó el promovido mensaje de Andy López Beltrán, cuya reaparición pública resultó un distractor (otro) para tratar de desviar el foco de la atención pública, concentrada ahora en las transas ocurrida en el INE.

Por la difusión previa que se hizo a su video, parecía que el orgullo del nepotismo de López Obrador informaría que había descubierto el agua en polvo, pero resultó más de lo mismo.

Que él y su familia con víctimas de un complot de la oligarquía, que nada tiene que ver con el huachicol fiscal, que sí conoce a Amilcar Olán pero que no tiene negocios y que el FBI presionó a los Laguna Farías para que lo incriminaran.

Juan Diego a su lado sería el demonio mismo.

Como sea, Andy debió haberse arrepentido de prestarse a la farsa porque las benditas redes sociales, según su padre, se le fueron encima con una ferocidad que no puede atribuir a bots. 

Hasta milagrosamente su cuenta en X se cayó o la bloquearon.

En fin, los estrategas de Morena lo intentaron otra vez pero la gente ya se aprendió la maniobra y no se distrajo con tal personaje.

El incendio provocado por el grupo de Guadalupe Taddei en el INE es de tal magnitud, que necesitarán de más que un video para sustituirlo como la noticia principal en todos los medios de comunicación.

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La fiscal Ernestina Godoy, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz la secretaria de la Mujeres, Laura Itzel Castillo, incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum, tendrían que poner atención al atropello que el poder judicial de Veracruz está por cometer en perjuicio de una pequeña empresaria mexiquense.

El caso comienza con el robo (qué raro) en el estado de Veracruz, de un trailer que transportaba fertilizantes.

El vehículo, propiedad de las empresa Fertivel, fue robado en la comunidad de Tamarindo, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, y el chofer de la unidad fue secuestrado.

Los propietarios del trailer, Marlen Esmeralda Esquivel Ríos y Juan Martínez Osorio, se trasladaron a la comunidad para investigar el paradero de la unidad y de su trabajador.

En su recorrido, pobladores de la propia localidad les informaron que posiblemente el robo había sido cometido por un sujeto que se dedicaba al cobro de piso y a otras actividades ilícitas.

Fueron varios vecinos los que les dieron al matrimonio las mismas referencias.

Ambos acudieron al negocio de chatarra del papá del sujeto en cuestión, quien los llevó, en su camioneta, a ver a su hijo, con quien sostuvieron una plática de no más de 15 minutos en la que, desde luego, negó haber participado en los hechos.

Resignada, al pareja acudió a la localidad de Cardel, en el municipio de La Antigua, a presentar su denuncia.

Pero antes de abandonar Tamarindo, el padre del sujeto señalado le pidió a Marlen Esquivel su número telefónico “para estar en contacto’’.

Seis meses después, la empresaria fue detenida, acusada por el sujeto al que había dado su número, de ser la autora intelectual del secuestro y posterior asesinato de su hijo, ocurrido unos días después de esa visita.

¿Cuál fue (es) la prueba reina de la fiscalía estatal para ordenar la detención de Esquivel?

Una llamada que recibió en su teléfono móvil de un número que para ella era desconocido y en el que le solicitaron, horas después de su estancia en Veracruz, 50,000 pesos para darle la ubicación de su trailer.

Según la fiscalía, esa llamada fue suficiente para que Marlen Esquivel ordenara el secuestro y asesinato del sujeto al que la comunidad había señalado como probable responsable.

Aún con todas las pruebas a su favor, su caso fue judicializado y recibió una sentencia de ¡80 años! de prisión de los cuales cumplió 4 años y tres meses pues un tribunal colegiado revocó la sentencia y ordenó su libertad absolviéndola de toda responsabilidad.

La fiscalía estatal impugnó el fallo y un tribunal le concedió la razón por lo que existe el riesgo de que sea reaprendida si en la revisión final que hará un colegiado validan el reclamo de la fiscalía estatal.

Esquivel señala el contubernio que existió desde un principio entre funcionarios del poder judicial de Veracruz para condenarla casi por consigna, sin atender las pruebas que presentó a su favor.

Entre ellos señala a David Cardeña, Lisbeth Aurelia Jiménez, Rodolfo Astudillo Medina, Francisco Reyes Contreras, Oscar Hernández Carmona, Zayra Cecilia Flores Reyes, Estrella Belén García García y Laura Vázquez Alducin.

Ya sabíamos que con Cuitláhuac García la justicia en Veracruz se aplicaba por consigna, pero la presidenta prometió que con la reforma al sistema judicial las cosas cambiarían.

Al menos en Veracruz, no parece.

Solo la intervención de las autoridades del más alto nivel podrían evitar una injusticia; nada les costaría revisar el caso.