Hablar de libertad de expresión en México es hablar de un derecho que existe en el papel, pero que en la práctica enfrenta obstáculos cada vez más visibles. No se trata solo de asesinatos o agresiones físicas contra periodistas —aunque siguen ocurriendo y son alarmantes—, sino de algo quizá más peligroso: la normalización de la censura por vías legales y políticas.

México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las cifras de periodistas asesinados y amenazados son conocidas, pero el problema va más allá de la violencia directa. Hoy, el silenciamiento también se construye desde los tribunales, desde el discurso oficial y desde el uso del poder público para intimidar.

El caso de Campeche es un ejemplo que debería preocuparnos a todos. Durante el gobierno de Layda Sansores, la prensa local ha vivido un deterioro notable. Medios impresos históricos cerraron, periodistas fueron denunciados y un diario entero, Tribuna de Campeche, terminó prácticamente silenciado tras resoluciones judiciales que limitaron su capacidad de informar sobre la gobernadora. En los hechos, se instauró una forma de censura previa que obliga a pensar dos veces antes de publicar.

Más allá de simpatías políticas, el precedente es grave. Cuando un gobierno utiliza el aparato legal para inhibir la crítica, el mensaje es claro: opinar puede tener consecuencias. Y cuando eso ocurre, la autocensura se vuelve una estrategia de supervivencia.

A esto se suma un contexto nacional en el que los ataques contra periodistas siguen impunes, donde la estigmatización desde el poder se normaliza y donde ejercer el periodismo crítico implica riesgos personales, legales y económicos. El resultado es un ecosistema informativo cada vez más frágil, donde la verdad compite contra el miedo.

La libertad de expresión no es un privilegio de los medios ni una concesión del gobierno en turno. Es una condición básica para que la sociedad pueda vigilar al poder, exigir cuentas y tomar decisiones informadas. Cuando se debilita, lo que se pierde no es solo una voz, sino la posibilidad de debatir, disentir y mejorar como país.

Hoy, pareciera que el gobierno que dice escuchar y defender las voces críticas, las prefiere en voz baja.

Hoy más que nunca, defender la libertad de expresión implica algo muy sencillo y muy urgente: no normalizar el silencio, no justificar la censura y recordar que un gobierno incómodo ante la crítica es, casi siempre, un gobierno que teme a la verdad.