En el marco de tantos señalamientos en la política mexicana, no es menor destacar que se atraviesa una crisis profunda de legitimidad. Y quizá uno de los ejemplos más claros sea precisamente la manera en que el poder comienza a disputarse públicamente a través de los medios, filtraciones, campañas de posicionamiento y construcción de narrativas. Más que un debate genuino sobre el bienestar nacional, parece una precampaña permanente donde distintos grupos buscan imponer su imagen mientras el país continúa enfrentando problemas estructurales que permanecen sin resolver.

En este sentido, me gustaría destacar que el verdadero problema nacional no radica únicamente en la corrupción individual de ciertos funcionarios o en la infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones. El problema es mucho, mucho más profundo: México sigue construyendo leyes y políticas públicas desde la lógica del privilegio y no desde la realidad de una población diversa, dinámica y constantemente cambiante; me atrevería a afirmar que en un país sobrerregulado, ninguna ley se cumple a cabalidad.

Lo anterior desemboca en decisiones políticas que suelen pensarse (o pedirse como prompt) desde escritorios burocráticos alejados de la experiencia cotidiana de millones de personas. Se legisla desde lo “teórico” (porque habría que ver que teoría es la que se usa y como se justifica), desde lo administrativo y desde intereses particulares, mientras el ciudadano común queda atrapado en sistemas lentos, corruptos y abrumadoramente desgastantes. Es la misma burocracia la que termina ahorcando a quienes deberían encontrar justicia en las instituciones; los procesos se alargan innecesariamente, las víctimas se revictimizan y la sensación de abandono se vuelve parte de la vida cotidiana.

¿Y sobre el tratamiento?

En ese contexto, me gustaría centrarme específicamente en las llamadas "operaciones enjambre" de la Secretaría de Seguridad como la realizada recientemente en Morelos, generan preguntas inevitables. ¿Realmente producen tranquilidad en la población? ¿O únicamente generan una sensación temporal de control mediático? Porque si algo ha demostrado la experiencia mexicana es que muchas estrategias de seguridad terminan provocando el Ilamado "efecto cucaracha": la cual consiste en que los grupos criminales no desaparecen, simplemente se desplazan, se fragmentan o se reconfiguran en otros territorios. Los desplazados, de hecho también tienen nombre y son víctimas colectivas a las que nadie ve y nadie considera porque aún no han perdido la vida.

Creo que es importante señalar que el verdadero problema nacional no radica únicamente en la corrupción individual de ciertos funcionarios o en la infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones.

Las decisiones políticas suelen pensarse desde escritorios burocráticos alejados de la experiencia cotidiana de millones de personas. Y tal vez esa sea la parte más incómoda de admitir: que el problema no son solamente ciertos nombres, ciertos cárteles o ciertos gobiernos. El problema es un sistema completo que aprendió a convivir con la violencia hasta normalizarla, mientras la sociedad veía cómo el miedo, la incertidumbre y la impunidad terminan convertidos en los símbolos más visibles del poder contemporáneo.

Por Cindy Pulido