José Luis Camacho Acevedo 

Un gran logró del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la declaración como Área Natural Protegida (ANP) de 111 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito, desde que se hizo el anunció del decreto también incluyó uno de sus programas sociales estrella: Sembrando Vida, lo que beneficiará a campesinos habitantes de 35 ejidos y dos comunidades. 

Sin embargo, los alcances de la determinación presidencial se enfrentarán a la reacción, principalmente, de los desarrolladores inmobiliarios que ven afectados los negocios groseramente multi millonarios, de poca inversión y mucha saliva, que hoy ya forman parte de lo que no se permite en el territorio del ANP. 

Si algún despojo hubo en la Sierra de San Miguelito, fue el de la posibilidad de que grandes empresarios abusaran de los habitantes de esa zona, como ocurrió aquí con el Ejido de La Garita de Jalisco y como se ha repetido en diversos rumbos del país.

Eran recurrentes, las citadas expresiones del presidente López Obrador “la sierra de San Miguelito no se toca”, “nunca más se va a permitir que se destruya la naturaleza”, y con el ecocidio en Cerro de San Pedro como ejemplo un “eso ya no se va a permitir, eso ya tiene que ver con el antiguo régimen, con la política neoliberal”.

Este miércoles, la titular de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, en rueda de prensa en San Luis Potosí aseguró que el decreto de ANP de la Sierra de San Miguelito no vulnera los Derechos Humanos de nadie, como lo afirma el amparo promovido por “grupos de interés”, asimismo, señaló que se vigilará que no se permita la construcción de fraccionamientos en esta zona.

Luego de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado y un grupo de municipios potosinos, la titular de la Semarnat habló de la suspensión de plano que han presentado comuneros de la Sierra por una supuesta violación de derechos:

“No hubo ninguna violación de Derechos Humanos, porque lo que se argumenta es la cuestión de la posesión y cuando se decreta un Área Natural Protegida lo que se busca es el manejo de lo que se puede hacer uso, más no de la posesión”.

Es así como seguramente López Obrador seguirá enfrentándose a amparos de empresarios inmobiliarios, los cuales tratarán de evitar la reserva de la ANP, será una lucha larga, porque hay muchos intereses económicos involucrados.