Apuntes sueltos
Hay demasiada especulación sobre el objetivo político del presidente Andrés Manuel López Obrador para acusar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha derechizado desde la década de 1990.
Ha trascendido que habría dos intereses detrás: que su grupo político obtenga la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios (algo que han intentado en tres ocasiones anteriores sin éxito), llevar a cabo un proceso de democratización para romper el modelo semi feudal de gobierno donde un reducido grupo de notables (Junta de Gobierno) toma las decisiones centrales y, lo más descabellado, imponer un modelo educativo popular teniendo como “piloto” lo que están experimentando en la Universidad Autónoma de Zacatecas y liderado por el subsecretario de Educación Luciano Concheiro (destacado ex cuadro del Partido Comunista Mexicano, hermano de Elvira Concheiro, actual Tesorera de la Federación y ex cuñado del varias veces ex diputado Pablo Gómez Álvarez).
Esto último quizá suene descabellado, pero no sería un salto automático y no sin provocar resistencias de las élites científicas y burocráticas de la UNAM, además de que un amplio sector estudiantil podría no estar totalmente de acuerdo dados los antecedes que se tienen en la UACM y ahora con las “universidades Benito Juárez”, las cuales son campos de batalla de las tribus académicas morenistas en perjuicio de su misión educativa y popular.
El tema no es nuevo para AMLO. Ya en los arranques de su “gobierno popular y democrático” de Tabasco de 1989, se apropió de las ideas de un destacado universitario y constructor de los proyectos populares de educación: Rogelio Díaz Barriga, fundador y primer rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCh), la cual se fundó formalmente hasta 1995 como una alternativa para los trabajadores, estudiantes campesinos e indígenas que no eran admitidos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Con apoyo de estudiantes, activistas y sobre todo, comunidades eclesiásticas (encabezadas por el padre Avelino Cortés Téllez), Díaz-Barriga edificó este modelo educativo que luego quiso replicarse -sin éxito- con otros planteles en Centla, Paraíso y Tlacotalpa.
Mucho antes que la UPCh, estuvo el modelo “Universidad Pueblo”, encabezado por José Enrique González Ruiz y Rosalío Wences Reza, ex rectores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Carlos Ímaz, quien también formaba parte de este proyecto, reapareció hace unas semanas en las páginas de La Jornada casualmente, aunque en política no existen casualidades- Entre 1981 y 1985, aproximadamente, la “Universidad Pueblo” era muy radical en su concepción llevar un título universitario a todos los niveles sociales: puertas abiertas para todos (albañiles, campesinos, curanderos, músicos, poetas, artistas plásticos), creación de escuelas donde hicieran falta, vinculación del servicio social a las necesidades del pueblo y una política de extensión universitaria asistencialista como bufetes Jurídicos y clínicas médicas a todos las regiones como pasó en la Montaña, la Tierra Caliente, la Costa Grande y Costa Chica. Como todo lo que toca la política partidista, los grupos caciquiles de la UAGro terminaron por arruinar la misión de este modelo educativo.
La fuerza de la razón contra el olvido de AMLO
Andrés Manuel se afilió al PRI en 1976 con el fin de hacer carrera política y luego de haber participado en la campaña para senador del poeta Carlos Pellicer. Para entonces la UNAM había sido protagonista de dos grandes movilizaciones: las de 1968 y la de 1971, y en las décadas de 1970 y 1980, de sus aulas surgieron cientos de activistas que dieron origen a organizaciones sociales y estudiantiles más radicales, incluso de guerrilla rural y urbana.
En 1983, el ahora presidente fue dirigente estatal del PRI en Tabasco y ejercía un liderazgo impositivo que terminó enfrentándolo con los alcaldes y el gobernador Enrique González Pedrero. Era la época del “foco guerrillero” y la “guerra sucia”, en el que el viejo régimen se lanzó con estudiantes de la UNAM y otras universidades a los que persiguió, encarceló, exilió, desapareció y aniquiló cualquier intento revolucionario en su contra.
Cuando AMLO sale de Tabasco y se incorpora al Instituto Nacional del Consumidor (INCO) en 1984 y seguía soñando con ser postulado a presidente municipal de Macuspana por el PRI, los trabajadores, estudiantes y académicos de Universidad Nacional ya venían luchando contra la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid, quien acorde con las políticas económicas impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, dictaban reducir al Estado en su máximo expresión, y ahí, confusamente, el gobierno mexicano recortó la educación pública en general, y en especial a la educación media y superior, dándoles menos del 5 por ciento del PIB, cuando la UNESCO recomendaba al menos 8 por ciento.
Los trabajadores, estudiantes y académicos de aquellas épocas se movilizaron por doquier contra esta directriz. Hubo agitaciones estudiantiles en Sinaloa, Coahuila, Puebla, Oaxaca y, por supuesto, la Ciudad de México, exigiendo fin a los recortes presupuestales y el fortalecimiento de la educación pública. También se protestó contra el pago de la deuda externa, contra la política antisindical, contra la aniquilación del principal programa de abasto popular (Conasupo) y contra la política de austeridad que dejaba a miles de burócratas en las calles.
El gobierno de Miguel de la Madrid, primero con Jesús Silva Herzog y después con Gustavo Petricioli, al frente de Hacienda, no dio marcha atrás, porque quien manejaba la política del gasto público era el bloque más duro de los tecnócratas encabezados por Carlos Salinas de Gortari (conocido como “Recortari” por recortar el gasto público), en el cual estaban Manuel Camacho Solís, María de los Ángeles Moreno, Pedro Aspe, Emilio Lozoya, entre otros.
La justificación de los recortes era que luego de 12 años de populismo y corrupción (la “docena trágica”), la economía del país estaba quebrada, que las empresas del Estado eran elefantes blancos que sólo representaban gastos y eran nidos de corrupción, clientelismo e ineficiencia.
A los estudiantes y académicos de aquella época, la rectoría de Jorge Carpizo elaboró un diagnóstico llamado “Fortalezas y Debilidades de la UNAM”, el cual ponía como responsables de la mala calidad de la enseñanza, de la falta de competitividad de sus egresados por el paso automático y las cuotas insignificantes que se pagaban.
Las movilizaciones no se hicieron esperar, y el trabajo de los colectivos estudiantiles, círculos de estudio marxistas, leninistas y trotskistas dieron como fruto al Consejo Estudiantil Universitario, el CEU (algunos de sus activistas fueron Jesús Ramírez, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Antonio Santos, Óscar Moreno, Ulises Lara y dicen que hasta Hugo López Gatel, entre otros hoy flamantes cuadros de la 4T).
Entre 1984 y 1987, Andrés Manuel era un cuadro firme del PRI, un burócrata del Poder Ejecutivo federal y nunca hubo de su parte un pronunciamiento de apoyo al CEU de la UNAM que se movilizó contra la política de recortes presupuestales, pero se dejó inconclusa la transformación democrática, que era una de los objetivos. ¿Por qué se dejó inconclusa esta tarea? Porque muchos de estos dirigentes del CEU histórico (Carlos Ímaz, Claudia Sheibaum, Rosario Robles, Armando Quintero) y de la CRU (Martí Batres, Ulises Lara) abandonaron el activismo universitario para pasar al activismo partidista en la formación del “Movimiento al Socialismo” (MAS) y sumarse al FDN, después PRD y hoy MORENA.
Las demandas del CEU se quedaron en el aire, porque muchos de esos cuadros se fueron de candidatos y en 1997 asumieron cargos públicos, cuotas clientelares en el gobierno del Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso se desmovilizó gran parte de la UNAM y hubo un impasse a las demandas democratizadoras durante la gestión de José Sarukhán.
Con el rectorado de Francisco Barnes de Castro, otro intento por reformar a la UNAM so pretexto de ajuste presupuestario, se generó entre 1999 y 2000, cuando el Consejo General de Huelga (CGH) tomó a la universidad contra la política económica y de exclusión que ya se sentía con más fuerza en el país a los egresados de esta casa de estudios.
Después de la toma de la UNAM por parte de la Policía Federal, de la persecución y encarcelamiento de sus dirigentes y activistas, el trabajo de reconstrucción se dejó a Juan Ramón de la Fuente, quien pactando con el grupo histórico del CEU (ahora más académicos y políticos del PRD), cediendo posiciones en institutos y facultades, se pasó a la desmovilización de los universitarios moderados y a la expulsión de los radicales.
En efecto, de 2000 a la fecha, la comunidad de la UNAM ha sido más pasiva, quizá por los controles que comenzaron a observarse con la “policía política” de Auxilio UNAM (que ha sido de escándalo, al estarse ligando con narcomenudistas) y de los grupos de poder en las direcciones de escuelas y facultades, a quienes se les dieron concesiones. El saldo comenzó a ser negativo, con menor protagonismo de unamitas en el debate nacional, relegados por corrientes de opinión y pensamiento por egresados de instituciones privadas, además de seguir siendo bombardeados por políticos que han buscado su privatización, su endurecimiento y mayor elitismo.
Así, al interior hubo varios cambios, paulatinos, que pasaron sin que los estudiantes protestaran como el “pase reglamentado”, lo cual se volvió caldo de cultivo para alentar la corrupción de profesores de bachillerato –como quedan denuncias expuestas en varios medios—, modificaciones a planes de estudio más ad hoc al mercado laboral y, lo obvio, hubo empoderamiento de grupos de interés en facultades e institutos, donde ellos controlan concursos para plazas de medio tiempo y tiempo completo, asignación de materias, ascensos o cancelaciones de grupos.
Mucho pago de cuotas políticas, muchos vicios y resistencias al cambio de parte de la élite de la burocracia universitaria.
Sin embargo, los privilegios de la burocracia no son sinónimo de que investigadores, académicos y alumnos de la UNAM estén pasivos ante la realidad del país. El pensamiento crítico no se dejó de lado, ni el interés por transparentar y ser más equitativa, y no digamos democrática, se dejó de lado. Allí están obras, debates y foros que han sido poco divulgados por medios, gobiernos y empresarios, pero sí que están presentes.
Una UNAM que resurja desde sus adentros
Sí, la UNAM requiere una revisión, pero este deba venir de los universitarios, no desde el poder presidencial, porque de otra forma es intromisión, imposición y manipulación para volverla una “universidad militante”. Ahí, Andrés Manuel debe entenderlo, y debe demostrar menos soberbia y más conocimiento de la historia de las movilizaciones universitarias contra el neoliberalismo y contra la intervención desde el poder presidencial.
Si en su momento Lázaro Cárdenas quiso imponer su visión de la educación en la universidad, ese debate de Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledo de 1933 quedó superado hace tiempo.
La mejor defensa a la UNAM es la autocrítica, la profundización de sus reformas, su actualización, incluso en sus formas de titulación, de relevo generacional, de selección académica, de poner los intereses académicos y científicos por encima de los intereses de grupos de poder político partidista que lo mismo promueven que aniquilan competidores y por supuesto, fortalecer su autonomía, entendida como libertad de gestión, de cátedra y de gobierno.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
