“Cada 15 horas, Morena y sus aliados aprobaron una reforma constitucional”. Eso dice la nota principal de Reforma de este último domingo de 2024. Ante semejante exhibición de rapidez y eficacia me atrevo a plantear una sugerencia respetuosa de reforma constitucional al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña; al de la Cámara de Diputados y Diputadas, Sergio Gutiérrez Luna; a quienes encabecen los congresos de las entidades federativas, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se trata de una reforma para que en México la justicia empiece a ser rápida y eficaz: cobrar en los juicios relacionados con impuestos si lo reclamado por el Estado supera 1 mil millones de pesos. Sería un caso especial y absolutamente necesario de costas judiciales.

Propongo en tales casos que paguen 1 millón de pesos por cada mil millones que el gobierno les exija, las personas físicas y morales que pierdan una instancia y decidan solicitar amparos, apelaciones o procedimientos de cualquier tipo —reclamaciones, revisiones, recursos de impedimento de personas juzgadoras— para alargar indefinidamente los litigios.

Dice el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

Artículo 17 constitucional

Propuesta de enmienda:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales, excepto en los juicios por impuestos cuando alguien haya perdido en cualquier instancia un litigio en el que reclame el Estado más de 1 mil millones de pesos. En este caso, para que se autorice cualquier recurso contra la resolución, se deberá pagar a la tesorería del gobierno federal 1 millón de pesos por cada 1 mil millones”.

Está bien que eternicen los juicios, pero que paguen por hacerlo. A la reforma habría que bautizarla como “Ley don Ricardo Salinas Pliego”.

Don Ricardo dinero tiene, y mucho. Hasta lo presume, y qué bueno que lo haga: se lo ha ganado por su innegable habilidad empresarial en toda clase de negocios honestos. Si el Estado le reclama a sus empresas unos 63 mil millones de pesos y él, apoyado en sus carísimos y muy talentosos abogados, se las arregla con recursos jurídicos para no pagarlos después de haber sido condenado a hacerlo en cualquier instancia de los juicios, muy bien, que así lo haga. Pero que por cada recurso aporte a la tesorería del gobierno de México 63 millones de pesos.

La justicia debe ser gratuita, pero no en casos que involucren tanto dinero y que, al menos en una instancia judicial, se haya decidido que se trata de impuestos indebidamente no pagados.