Federico Berrueto

Frustrante y desalentadora para muchos ha sido la ratificación de la señora Rosario Piedra al frente de la CNDH. Prevalece la idea que fue la voluntad de López Obrador determinó que se mantuviera en el cargo sin importar el rechazo o la reserva de muchos, incluso de afines al régimen. Con ello la presidenta Sheinbaum reitera la continuidad del proyecto obradorista y de algunos de sus personajes y que en ese frente no haría ajustes o cambios; al final de cuentas la ausencia funcional de la CNDH es en beneficio de quien detenta el poder, al igual que la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. Con la ratificación se confirma que los Derechos Humanos no son prioridad de un proyecto supuestamente humanista. Lo ocurrido, hace pensable y posible que la próxima presidenta de la Corte sea la señora Lenia Batres.

Más allá de sus prioridades y definiciones, todo proyecto político requiere de eficacia, de funcionarios capaces para cumplir metas y objetivos; hasta para simular el talento es necesario. No pocos, dentro y fuera del régimen, guardan la esperanza de que las credenciales personales y profesionales de la presidenta Sheinbaum signifiquen un cambio en la calidad del gobierno, que implica al menos dos cosas: quienes lo integran y la manera como la presidenta interacciona con ellos. En el caso de López Obrador el problema era doble, mucha lealtad, poca capacidad y la desarticulación de la autoridad porque todo se resolvía y decidía en el círculo cercano del presidente.

Las pomposas y desproporcionadas aclamaciones de los intelectuales orgánicos del régimen sobre la calidad científica de la presidenta Sheinbaum se vienen al piso por decisiones como la ratificación de la señora Piedra. La valoración que hizo el Senado la excluía de la ratificación. Las organizaciones civiles, incluyendo la que conformó la madre, Eureka, expresaron públicamente el rechazo a la continuidad por incompetente y ausente en la salvaguarda de los derechos humanos. La misma presidenta Sheinbaum en su momento tuvo que recurrir a la memoria de doña Rosario Ibarra para justificar su opinable e irregular inclusión en la terna. Además, había opciones más decorosas y funcionales al nuevo gobierno. La decisión es un mensaje duro, cruel, severo y preocupante.

Preocupante porque el país optó por la militarización de la vida pública, particularmente la seguridad; y ante la necesidad de actuar frente al crimen es inevitable se presenten casos de violación de derechos humanos, por lo que se hace indispensable una observación proactiva y evitar en lo posible los excesos que acompañan a la militarización de la seguridad pública. No está por demás decir que la ausencia de actuación de las autoridades frente al crimen también es una violación grave a los derechos humanos, que además deja en indefensión a las víctimas.

Se ha perdido conciencia de la deriva autoritaria del país y sus riesgos. Además de la militarización se ampliaron los casos para la prisión preventiva oficiosa, contraria a los derechos humanos por ser una sanción corporal que se desentiende de la presunción de inocencia y del debido proceso, de allí su condena internacional. Asimismo, está en proceso la destrucción del poder judicial federal y de los estados, a reemplazar por una estructura seleccionada a través de una absurda elección popular de juzgadores, que comprometen en sus fundamentos la imparcialidad, independencia y capacidad de quienes dispensan justicia, además de las dificultades para implementar la elección.

Frente a la amenaza del gobierno de Donald Trump respecto a los connacionales en EU, México debiera mantener una postura ejemplar en materia de derechos humanos. Imposible con una decisión como la ratificación de la señora Piedra. El gobierno pierde perspectiva y no actúa ante un escenario desafiante y de pronóstico reservado en muchos temas. Los ciudadanos quedarán expuestos a la arbitrariedad y a la violación de sus derechos básicos. Como nunca hay necesidad de una instancia pública de Estado que vea por los derechos humanos.

Con la ratificación de la mediocridad, el régimen procede a su propio descrédito. Una decisión indefendible; para justificar lo inaceptable se tiene que recurrir a doña Rosario madre, que sí hizo mucho por las víctimas. Como hiciera ella, será desde la sociedad civil donde habrá de emprenderse la lucha por los derechos humanos. De la misma forma que será necesario recurrir a instancias multilaterales para su protección y tutela jurisdiccional.