En el análisis de la Política Social, que se llevó a cabo en el Senado con motivo del III Informe de Gobierno, contrastaron los puntos de vista de la Secretaría de Bienestar, que encabeza Javier May Rodríguez, senadores de Morena y sus aliados y legisladores del bloque opositor. 

May Rodríguez afirmó que los programas de la Secretaría fueron fundamentales para enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria, ya que gracias a ellos se evitaron saqueos o conflictos sociales.

“Sino hubiesen existido, no hubiésemos resistido la pandemia y seguimos en paz, porque el pueblo mexicano es grandioso y por el apoyo del Gobierno”.

Además, asentó que, en esta administración, los programas sociales, “ya no son una dádiva, ni un favor del Gobierno, son un derecho constitucional que estamos cumpliendo”.

Esta posición fue defendida por la senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, quien afirmó que el Ejecutivo Federal ha puesto énfasis en las personas que más necesitan de los apoyos y en este sentido la percepción social es que se han mejorado las condiciones de vida de las y los mexicanos, lo cual refrenda la política del Gobierno Federal en esta materia.

Postura que contrastó Acción Nacional, que en voz de la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez cuestionó la autoridad del funcionario federal para hablar de bienestar y de crecimiento social, cuando no existe transparencia en los programas puestos en marcha por la actual administración.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la política social es un fracaso, porque hay 3.8 millones más de pobres y 2.1 millones más de mexicanos en pobreza extrema. “¿Cómo explica que, en tres años, esta política social se convirtió en un motor de desigualdad e inequidad?”, cuestionó.

Por su parte, Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, acusó que las universidades Benito Juárez, en muchos de los casos, no tienen instalaciones, los profesores no cuentan con cédula profesional y las carreras tampoco tienen aval de la SEP; con ello, “están tirando el dinero a la basura”, mientras que a las instituciones autónomas de educación superior se les asfixia presupuestalmente.

El funcionario subrayó que el presupuesto que aplica la Secretaría de Bienestar pasó de 44 mil millones de pesos en 2018 a 178 mil millones de pesos en 2021, y para 2022 se tienen proyectados recursos por 289 mil millones de pesos.

Es decir, que de aprobarse ese monto para 2022, el presupuesto de los programas de la Secretaría del Bienestar destinado a ayudar a las y los más pobres y desprotegidos habrá crecido 556 por ciento, respecto a 2018.

May Rodríguez también dio a conocer a las y los senadores, que hoy se empezaron a entregar los apoyos para los damnificados de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, que fueron afectados por las inundaciones.

A diferencia de la “corrupción y tardanza” que había con la aplicación del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), dijo, ahora los apoyos se entregan de manera directa e inmediata, pues “no se permite que nadie lucre con la desgracia de la gente”.

Refirió que, a través del Programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural, se entregaron apoyos económicos o en especie a 258 mil 684 personas damnificadas por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, registradas a finales de 2020.

La instrucción del Presidente López Obrador, indicó, es que se ayude a la población damnificada cuanto antes, para que inicie su recuperación lo más pronto posible y resaltó que en todos los casos hay plena coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Precisó que ante una contingencia la Secretaría se coordina y coadyuva con la atención emergente que brindan otras instituciones, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no hacemos negocio con el dolor ajeno, no lucramos con la necesidad de la gente, no usamos los programas con fines electorales y no toleramos la corrupción y tampoco permitimos que nadie lo haga”, aseguró.

Pero para el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, el clientelismo electoral en los programas sociales aún existe, pues se usa la entrega de estos recursos para condicionar el voto. Además, denunció que existe discrecionalidad y falta de transparencia en el reparto de estos apoyos.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria pidió ahondar en el fenómeno del hambre, pues, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se incrementó en más de un millón el número de personas que no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad