El último fin de semana de julio se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Tras varios años de gobierno del chavismo, primero con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, y los desastrosos resultados en materia económica y social que han sumido al país sudamericano en pobreza y precariedad, Venezuela llegaba a sus elecciones con un panorama distinto: por primera vez el apoyo mayoritario se percibía en favor de la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, y con el respaldo moral y político de la lideresa opositora María Corina Machado.

 En ese contexto, las elecciones se desarrollaron con incidentes dentro de lo previsto. Lo más relevante de la jornada fue lo que ocurrió al final: las autoridades electorales venezolanas, controladas por el Presidente Nicolás Maduro, optaron por retrasar la información sobre los resultados, y sin mediar una exhibición de las actas y los resultados por casilla, afirmó que el presidente Maduro había logrado la reelección con la mayoría de los votos. Se ofrecieron después algunas cifras, pero fueron cuestionadas fuertemente por la falta de transparencia y la nula participación de observadores electorales en los conteos.

 La oposición articuló una plataforma web donde comenzó a publicar las actas de casilla que tenían sus representantes, donde se mostraba una victoria de su candidato González Urrutia, prácticamente dos a uno sobre Nicolás Maduro. La información provenía de cerca del 80% de las actas de las casillas, una a una, información que la autoridad electoral se negaba a ofrecer. Inclusive, el Consejo Nacional Electoral, que organiza las elecciones, acusó un intento de hackeo proveniente de Macedonia del Norte, en Europa, para modificar los datos de las casillas, por lo cual los resultados no podrían darse a conocer.

 Poco a poco, el clamor internacional se fue sumando para, en primer lugar, exigir a las autoridades venezolanas un proceso transparente y público de los resultados electorales, y en segundo lugar, comenzar a reconocer el triunfo de la oposición. Lo que comenzó con el presidente chileno Daniel Boric, que cuestionó la versión del gobierno venezolano, pasó por una sesión de emergencia en la Organización de Estados Americanos para demandar la participación de observadores internacionales, y concluyó con los Estados Unidos reconociendo a Edmundo González como el ganador de la elección.

 La incertidumbre reina en Venezuela. El gobierno ha comenzado una cacería de opositores, mientras el presidente Nicolás Maduro ha acusado que las muertes que se han registrado son producto de las protestas de la oposición. Maria Corina y sus seguidores han convocado a una protesta el sábado 3 de agosto para defender la exigencia de un conteo limpio e imparcial, al que la autoridad electoral se ha negado.

 Le cuento todo esto porque en el mundo occidental damos por hecho contar con sistemas electorales confiables, imparciales, oportunos y certeros. En el caso de México, nuestro sistema electoral ha sido producto de las mismas cuestiones que ahora se registran en Venezuela: la organización de las elecciones por parte de dependencias gubernamentales controladas por la presidencia, con resultados de dudosa legitimidad pues no se contaban públicamente, sin medios de verificación y sin la participación de observadores locales e internacionales que avalaran la competencia y limpieza de los comicios.

 Hoy tenemos un sistema electoral que garantiza, por un lado, la organización de elecciones imparciales, competitivas y con transparencia y certeza en los resultados, gracias a la publicación de las actas de escrutinio de casillas; la publicación de tendencias de resultados la misma noche de la elección, mientras que por ley se realiza un cómputo parcial o completo en la semana siguiente, para precisar los resultados. Las elecciones cuentan con un fuerte componente ciudadano, manifestado en la composición de las casillas, los consejos electorales y los observadores del proceso. Además, hay una rama judicial encargada específicamente de resolver las disputas e impugnaciones de los competidores.

 Le cuento esto porque la reforma electoral que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría desaparecer, o por lo menos reducir, toda la estructura electoral que al día de hoy nos da certezas y garantías de un proceso limpio y democrático. Hasta hoy, el mismo presidente López Obrador es de los pocos que no ha cuestionado los resultados electorales de Venezuela, y sigue apoyando a Nicolás Maduro. Eso debería ser una alerta frente a nuestra democracia en riesgo.