Cito dos tuits redactados o apoyados por gente conocida que perdió el control a raíz de los recientes acontecimientos en Argentina y Perú:

Sobre aviso no hay engaño, presidente López Obrador

Que Lilly Téllez insista en la absurda posibilidad de la cárcel para AMLO, se entiende. Ella cumple a la perfección con cierta, lamentable, muy fea debilidad humana: la que a muchas personas nos lleva a desear el mal a quienes nos han hecho favores. Lilly es una mujer de principios, me consta, pero tristemente la política la sacó de balance emocional. Ahora insulta y amenaza a sus rivales. Si está en el Senado lo debe al presidente López Obrador, ella lo sabe. Dejó Morena porque no soportó las críticas de gente izquierda. La cuestionaron, creo que excesivamente, por sus posiciones conservadoras, y ella renunció al proyecto de Andrés Manuel.

La senadora Téllez deberá admitir que el presidente de México en ningún momento la agredió. ¿Por qué, en forma tan absolutamente irresponsable —y con una enorme dosis de ingenuidad— amenaza con encarcelar a AMLO? El suyo es un caso de enajenación momentánea. Por fortuna ya se le pasará; desde luego, cuando abandone la política y vuelva a lo que sí hacía muy bien, el periodismo. Dice que será presidenta de México. Es un delirio producto de la publicidad que ha recibido. Si analizara las encuestas —como la de ayer en Reforma— Lilly entendería que está tan lejos de su meta que más le convendría despertar del sueño para no frustrarse.

Lilly Téllez también ataca demasiado, y demasiado vulgarmente, a Claudia Sheinbaum. ¿Qué le hizo Claudia, además de sí estar muy arriba en las encuestas? Hubo mujeres de Morena que ofendieron a Lilly, es verdad, pero la jefa de gobierno no lo hizo. La senadora Téllez también a Claudia le ha deseado la cárcel, por cierto con misoginia: cuando la gobernante capitalina anunció que se va a casar, algo a lo que tiene derecho, la señora Téllez la felicitó porque eso le permitiría la visita conyugal, en prisión por supuesto. No es la Lilly Téllez educada, bondadosa y amable que conozco. La política la cambió, pero ya se le pasará y volverá a la ecuanimidad.

¿Quién es Xavier Tello? Un médico que no ejerce como tal, sino como consultor en políticas de salud. No lo hace mal en su oficio, pero… ¿desear que AMLO ponga sus barbas a remojar?, es decir, ¿generar de esa manera el rumor de que al presidente López Obrador podría pasarle lo mismo que a Cristina Kirchner, condenada a ir a prisión por jueces argentinos probablemente corruptos y comprados por los sectores empresariales afectados por lo que ella hizo cuando fue presidenta? No se midió el consultor Tello.

Tampoco se midió el empresario Ricardo Salinas Pliego, de Elektra y TV Azteca quien también puso a remojar las barbas del presidente López Obrador por el encarcelamiento del ya exgobernante peruano Pedro Castillo. Más allá de que Salinas Pliego no toma en cuenta que a Castillo se le acosó tan excesiva como antidemocráticamente desde el congreso de Perú, lo que en mi opinión fue inmoral, ¿por qué el comentario tan fuera de lugar del dueño de Elektra? ¿Qué le pasó a un hombre de negocios de su relevancia? ¿No es ya amigo de Andrés Manuel? ¿Tan grave es que haya perdido juicios fiscales que AMLO no inició y en los que el mandatario nada tiene que ver? Pudo tratarse de una broma de Salinas Pliego, pero ¿no se da cuenta de que alimenta la rabia de una derecha como la mexicana que, si pudiera, destituiría y castigaría fuertemente al presidente de México?

Estaba en lo cierto AMLO en 2018 cuando llamaba a que no hubiera voto diferenciado, es decir, a votar por él para presidente y por los candidatos de Morena al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin el control del congreso Andrés Manuel no habría podido hacer nada y, quizá, se habría presentado en México una lawfare —guerra jurídica o judicialización de la política— que tendría a nuestro país cabeza abajo.

¿Qué es la lawfare? Cito a Wikipedia:

“Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare), es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.

“La persecución judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación”.

WIKIPEDIA

Desde el principio del sexenio de AMLO han sobrado analistas afectados por las transformaciones realizadas por el actual presidente que, sin rubor, han exigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar una lawfare contra el titular del poder ejecutivo. No ocurrió por una combinación afortunada de hechos:

El papel más que digno del presidente saliente de la corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El hecho de que pudo Andrés Manuel proponer tres ministras y un ministro comprometidos con el derecho y sin nexos con los grupos políticos del pasado, que equilibraron al bloque conservador; a saber: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Yazmín Esquivel Mossa, esta última en opinión de Jorge Fernández Menéndez —lo dice hoy en su columna de Excélsior— favorita para ocupar el puesto que Zaldívar pronto dejará.

La decencia y el respeto al Estado de derecho de ministros que llegaron a la corte en anteriores sexenios, pero que han demostrado durante todas sus trayectorias que no actúan políticamente, sino con criterio jurídico, como Alberto Pérez Dayán, quien en el pasado hizo algo que sigue mereciendo un aplauso: no votar a favor del desafuero de AMLO —el ministro Pérez Dayán se atrevió a hacer lo correcto en una votación que perdió porque era otra la lógica autoritaria exigida por todo el poder del Estado cuando lo dominaba el PAN que había traicionado a la democracia—.

Aunque no hay posibilidades de que la corte suprema entre en una etapa de confrontación legal con el presidente de México, lo mejor que puede pasar es que la presida a partir del 2 de enero de 2023 alguien que pueda estar a la altura de lo que hizo Zaldívar, sobre todo en su relación institucionalmente cordial, por así llamarla, con Andrés Manuel. Hay tres candidatos y dos candidatas —Yazmín Esquivel, Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán—. La totalidad de ministros y ministras elegirán a quien tenga el mejor perfil. En el grupo de cinco aspirantes habrá juristas con capacidad de actuar rectamente y, también, quienes se hayan dejado llevar por el fanatismo de la ruidosa y golpista derecha mexicana. Lo correcto será una presidencia de la SCJN capaz de entenderse con el líder, sin duda histórico, que despacha en Palacio Nacional y que insiste en cambios políticos tan necesarios como rechazados por los grupos de poder de los sexenios priistas y panistas.

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