La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual fue producto del diálogo de organizaciones de la sociedad civil como con autoridades involucradas en el tema.

La comisión llevó a cabo un análisis minucioso sobre la constitucionalidad del decreto por el que se expide la Ley de la FGR, abroga la Ley Orgánica de la FGR y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo.

Como resultado del análisis realizado, la CNDH impugnó diversas disposiciones de los ordenamientos legales de referencia, entre las cuales destaca el artículo10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la FGR, en virtud de que las normas impugnadas condicionan y limitan la participación y coordinación de la fiscalía en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, promovió una acción de inconstitucional contra el artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; el artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; el artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Esta situación se debe a la forma en la que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la FGR en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y comisión del que se trate.

La CNDH dará seguimiento puntual a esta demanda de acción de inconstitucionalidad promovida y reitera su compromiso de contribuir al fortalecimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho.