Después de un año que fue anunciada se presentó la iniciativa de reforma electoral con la que se pretende modificar 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) que incluyen una enorme diversidad de temas y aspectos relacionados con la materia, que impactan también al federalismo y al municipalismo, la representación política y los derechos de los ciudadanos en el ámbito político-electoral.

Se presenta apenas unos cuantos días después de que fue rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que luego dio lugar a una campaña propagandista contra los diputados que la votaron en contra como ‘traidores a la patria’, misma que ha enrarecido seriamente el clima político, ya de por sí alterado y polarizado.

Como es sabido, Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, no tienen los votos suficientes en las dos cámaras del Congreso de la Unión para aprobar reformas constitucionales, y ahora tienen que volver a acudir con los ‘traidores a la patria’ para tratar de convencerlos de las bondades de su nueva propuesta.

Cabe recordar que durante la mayor parte del siglo XX nuestro país estuvo sujeto a un régimen político típicamente autoritario, donde la división de poderes era solo formal, no se reconocían muchos derechos de las personas y ciudadanos, como tampoco existían instituciones que los garantizaran y los hicieran respetar, teníamos una sociedad sojuzgada y controlada por el poder, con una cultura política tradicional, patriarcal y de súbdito.

El poder político se concentraba en el presidente de la República y todos los poderes alternos y periféricos giraban en torno al mismo, y solo delegaba, relativamente, algo de ese poder a los gobernadores, y éstos a los presidentes municipales.

Esta situación empezó a cambiar a partir de la década de los sesenta con algunos movimientos sociales, como el de los médicos y ferrocarrileros, presentándose un punto de inflexión y de quiebre con el estudiantil de 1968, el cual fue reprimido ese mismo año y en 1971, provocando el surgimiento de grupos guerrilleros, urbanos y rurales, en algunas partes de la República.

La inestabilidad política se tornaba cada vez más grave, por lo que el régimen respondió con la reforma política en 1977, que buscó y logró encauzar institucionalmente las cada vez mayores muestras de inconformidad política y social. Es como se inicia el proceso de transición de un régimen autoritario y la construcción de uno democrático.

Las reformas para acceder y repartir democráticamente el poder fueron el punto de partida para avanzar en el cambio político. Por ello se realizaron sucesivas y diversas reformas electorales en 1987, 1989, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, que fueron desarrollando y perfeccionando el modelo y régimen electoral que actualmente tenemos.

En todos esos casos, los cambios propuestos fueron impulsados por las oposiciones de ese entonces, y aceptados, en la mayor parte, por la élite gobernante hasta el 2000, y luego por el consenso de todas las fuerzas políticas. Esto es, el régimen electoral vigente, en todas sus vertientes, está sustentado en demandas y propuestas de las oposiciones. Muchos de los personajes de esas entonces oposiciones, de la derecha, pero principalmente de la izquierda política, que ahora se encuentran en el poder, paradójicamente, con esta reforma, pretenden desaparecer instituciones que ellos mismos exigieron que crearan, en su momento. La propuesta de 2022 proviene del poder, no de las oposiciones.

Por otra parte, todas las reformas se han hecho antes de las elecciones intermedias, para en ellas probarlas y que sean operables y eficientes en las generales coincidentes con las presidenciales. Esta propuesta va contra toda la lógica política aplicada durante más de 30 años de transición democrática.

Las actuales oposiciones ya manifestaron su rechazo, incluso con algunas denostaciones, y entonces surge la pregunta natural del porqué presentarla, sabiendo de antemano que lo más probable es su no aprobación. Tal vez, continuar con las estrategias propagandísticas y de campaña, a las que son tan afectos en el presente régimen. Seguramente lo sabremos hasta septiembre, en el periodo ordinario de sesiones, pues parece que no hay condiciones para uno extraordinario.

Los temas son muchos y variados, la mayoría de ellos muy controversiales, como la transformación del INE en un nuevo órgano (el INEC), cuyos consejeros sean electos popularmente, a propuesta de los Poderes de la Unión, método que no se usa en ninguna parte del mundo; al igual que los magistrados del Tribunal Electoral; autoridades electorales únicas, tanto administrativas como jurisdiccionales, la desaparición de los organismos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades, junto con una legislación también única en la materia, propuesta que se encontraba incluida en el vilipendiado Pacto por México, de diciembre de 2012; modificación a las reglas para el financiamiento y el acceso a la radio y la televisión de los partidos políticos; eliminación de los diputados y senadores electos por mayoría relativa y dejar 300 diputados y 96 senadores por representación proporcional en circunscripciones por entidad federativa, todo lo contrario a lo que erróneamente se difunde; reducir el número de diputados locales en los congresos estatales, así como integrantes de ayuntamientos; reducir el porcentaje para hacer vinculante la revocación de mandato; ampliar las excepciones a la propaganda gubernamental; así como darle rango constitucional al voto electrónico.

Cada tema amerita tratamiento por separado y algunos serían dignos de discusión y debate, ojalá estos se puedan analizar y revisar por separado, pero por otros que se han descalificado desde su anuncio, y como van en paquete, lo más probable es que corran la misma suerte.