Dos de los países con más exiliados venezolanos y, por tanto, ya sometidos a una gran presión migratoria serán también quienes más refugiados afganos reciban en Latinoamérica a lo largo de los próximos días, según las previsiones de sus gobiernos. Colombia y Ecuador han acordado con Washington admitir en su territorio miles de afganos –que pueden llegar a 4.000 en el caso colombiano y 5.000 en el ecuatoriano– a cambio de fondos de USAID, la agencia estadounidense de ayuda exterior.

Aunque teóricamente estarán en «tránsito», con EE.UU. como supuesto destino final, pues se trata de parte de los miles de colaboradores (y sus familias) que las tropas estadounidenses han tenido en Afganistán en las últimas dos décadas, muchos de los refugiados que lleguen a Colombia y Ecuador posiblemente permanecerán allí durante meses e incluso años.

Colombia les concederá un «permiso humanitario temporal» y al principio se instalarán en hoteles; podrán moverse sin problema por todo el país e incluso en algunos casos podrán acceder a la residencia. Ecuador no ha avanzado detalles sobre ese programa de acogida, si bien insiste en que se tratará también de «tipo temporal». Aunque ninguno de los dos países ha anunciado una cifra definitiva de refugiados que admitirá, en sus compromisos con Washington las autoridades colombianas han hablado de hasta 4.000 personas y las ecuatorianas de hasta 5.000, topes que posiblemente no se alcanzarán.

La justificación de ese «tránsito» es que EE.UU. no puede recibir de golpe todos los refugiados que debiera admitir, y además necesita tiempo para investigar los antecedentes de todos. Sin embargo, es posible que haya personas que Washington finalmente rechace, lo que acabará generando una población afgana permanente en esas naciones de primera acogida.

Colombia y Ecuador, cuyo tamaño demográfico tiene a priori suficiente dimensión para acoger inmigración, son los países latinoamericanos con los gobiernos más próximos a EE.UU. Los últimos gobiernos colombianos han mantenido una gran afinidad con la Casa Blanca, como ocurre especialmente en el caso del actual presidente Iván Duque, y lo mismo puede decirse ahora con el nuevo presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. Eso explica que ambos hayan decidido auxiliar a la Administración Biden a pesar del coste político y social que un aumento del número de extranjeros en el país puede generar, pues la situación migratoria ya es extrema desde la llegada de miles de venezolanos en los últimos años.