El fin de semana se reinició la exportación de aguacate y mando producidos en Michoacán a Estados Unidos. Este episodio, que tuvo afectaciones económicas muy importantes para los productores y trabajadores aguacateros de Michoacán, muestra el impacto de la inseguridad en la actividad económica y en la relación bilateral con el vecino del norte.
Recordemos que el episodio comenzó con la agresión a inspectores estadounidenses en Michoacán, que se encontraban realizando labores de verificación de la calidad fitosanitaria y las condiciones de trabajo en las huertas aguacateras. Los inspectores del departamento de agricultura de Estados Unidos fueron retenidos por manifestantes del municipio de Paracho; existen algunas versiones donde se menciona también que los inspectores fueron golpeados.
Producto de esta situación, la embajada norteamericana activó un protocolo que incluye la suspensión de la importación, ante la falta de condiciones de seguridad que faciliten las inspecciones y, con ello, la falta de certeza sobre el cumplimiento de las garantías fitosanitarias. Recordemos que es ilegal exportar aguacate que no sea michoacano, o en general, que no cumpla con las condiciones sanitarias establecidas.
El problema es que en esta ocasión la discusión se centró en las condiciones de seguridad. El gobierno federal pugnó por que fueran inspectores mexicanos del propio gobierno los que realizaran las inspecciones. Finalmente este lunes el embajador Ken Salazar y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lograron un acuerdo en materia de seguridad, que garantiza el retorno de los inspectores estadounidenses.
Además se incluyeron temas de seguridad laboral, y la posibilidad de que inspectores mexicanos de SENASICA sustituyan paulatinamente a los inspectores estadounidenses.
Sin embargo el episodio demostró varias circunstancias. En principio, el peso que el sector agrícola michoacano de exportación tiene para la economía local y nacional. Los productores calcularon en 52 millones de dólares las pérdidas por la semana de suspensión; se registraron casos de trabajadores que salieron a las calles a pedir apoyo económico pues los productores tuvieron que dejar de contratar diario a los trabajadores.
Además, fue evidente la inestabilidad social de la región, en medio de protestas y condiciones de inseguridad. Ambas circunstancias afectan a nivel bilateral la relación con Estados Unidos, pues las inspecciones son parte de los acuerdos comerciales. La intervención de alto nivel entre embajadores y secretarios de estado da muestra de ello.
Esperemos que el nuevo esquema de seguridad permita retornar a la productividad sin interrupciones, por el bienestar de las personas que dependen de la cadena de valor, en primer lugar, y para demostrar la estabilidad de la región.
