El 14 de enero de 2012 en una población del estado de Connecticut llamada Newton, sucedió una de las tragedias más traumáticas de los últimos años en nuestro vecino país del norte. La gravedad del evento no fue sólo por el número de víctimas, sino porque la mayor parte de ellas fueron niños. En un poblado tan tranquilo en un estado tan conservador, un evento de esta naturaleza parecería inimaginable. Ese día un individuo con problemas de salud mental, entró a la escuela primaria Sandy Hook del apacible Newton, con un arma semi-automática conocida como Bushmaster de la marca Remington. Mató a 20 niños y 6 adultos en menos de 5 minutos.

El arma era de su madre a quien mató antes de ir a la escuela primaria. Él se suicidó con la misma arma cuando llegó la policía al lugar. En 2015 un grupo de 9 familias inició una demanda contra la armadora Remington y la responsabilizó por lo sucedido en Sandy Hook. El argumento fundamental de la demanda tenía que ver con la publicidad con la que promovía su compra y el incentivo para usar dichas armas. La semana pasada en tribunales de Connecticut se le dio la razón a los demandantes y se instruyó fueran indemnizadas con 73 millones de dólares por la pérdida de sus familiares (en promedio un poco más de 8 millones de dólares para cada una de la 9 familias que demandaron).

Es evidente que nada compensa la pérdida de un hijo, pero esta victoria sobre uno de los más importantes fabricantes de armas es un premio de consolación ante la pérdida de 20 niños que hoy serían adolescentes de 15 años. Además de la indemnización que la armadora pagará a las familias está obligada a revelar documentos sobre cómo se hace publicidad y se crean incentivos para la compra de armamento.

Estos documentos son internos y podrían mostrar las prácticas para hacer negocios no sólo de Remington sino de las armadoras en general. Este hecho que parecería muy lejano y desvinculado de lo que pasa en nuestro país, en realidad está en el centro de nuestras preocupaciones. Más allá de la empatía que podamos expresar por la tragedia sucedida en esa escuela primaria o los niños que fueron víctimas, el problema nos atañe porque tiene que ver con la distribución de armas.

Es la mitad del problema que explica la tasa de homicidios de nuestro país. El 4 de agosto del año pasado la Cancillería mexicana inició una demanda contra 11 fabricantes por la venta de armas a grupos criminales en México. El argumento de la demanda es que las armadoras saben e incentivan de manera deliberada la venta de sus productos a grupos criminales. Es decir, que sus armas terminen en cárteles de nuestro país no es casual. Posteriormente se unieron a esta demanda 13 estados de la Unión Americana, un país centroamericano, Belice y uno caribeño, Antigua y Barbados. De prosperar esta demanda la indemnización reclamada podría ser hasta del 2 por ciento de nuestro PIB.

El conocimiento de la demanda al día de hoy entre la ciudadanía de nuestro país es bajo. En dos mediciones realizadas, una el año pasado en el mismo mes de agosto y otra realizada en enero pasado no muestran un cambio sustantivo. Casi una tercera parte de la población sabe del recurso interpuesto. No obstante que pasaron 6 meses no aumentó el nivel de conocimiento. 

Nuestra expectativa de ganar la demanda, como es de esperarse, es muy baja. Apenas una tercera parte de la población cree que se puede ganar el caso, mientras que la mitad considera que se puede perder. Es razonable que ante el poder de los fabricantes de armas haya mucha precaución sobre las posibilidades de éxito, aunque se considere una demanda justa. Sin embargo, dos de cada tres ciudadanos del país saben que las armas vienen de Estados Unidos. Es decir, hay conciencia del tamaño del problema. Según datos oficiales desde el evento de “Rápido y Furioso” en 2011, cuando Parametría hizo la primera medición, han entrado al país 250,000 armas. 

La opinión pública coincide con el argumento de la Cancillería de que los fabricantes saben que el crimen organizado en México es un consumidor de sus productos y las venden intencionalmente. Esta es una de las razones principales en las que está basada la demanda. 

Es interesante que a lo largo del tiempo se considera que la responsabilidad es tanto de nuestro país como de Estados Unidos. Sin embargo, en agosto pasado cuando se interpuso la demanda un porcentaje mayor de la opinión vio responsable a México, llegó casi a la mitad de la ciudadanía. 

Hace algunos años un conservador como Bill O´Reilly, en su popular programa de televisión “The O´Reilly Factor” declaraba que las armas en nuestro país venían de Centro América. Opinaba con impunidad en conferencias y deslindaba a los fabricantes de cualquier responsabilidad (antes de que cayera en desgracia por acusaciones acoso sexual). Hoy día eso es más complicado. La evidencia es abrumadora. Una victoria en tribunales como la de los padres y familiares de las víctimas de la escuela Sandy Hook en Connecticut parece que no tendría que ver mucho con nuestros problemas. Sin embargo, abre la discusión y muestra que armadoras como Remington, una de las más antiguas o la más antigua en Estados Unidos son vulnerables. La demanda de la Cancillería mexicana ahora parece tener más sentido y de prosperar podría cambiar en algo los niveles de violencia y homicidios en nuestro país.

Francisco Abundis