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Taddei: cuando la cercanía política se convierte en distancia

por Karla Pulido
17-11-2026

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En la política mexicana, las lealtades parecen tener fecha de caducidad. El caso de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral, abre una discusión que va más allá de los contratos cuestionados durante su administración: la responsabilidad política de quienes respaldan a determinados perfiles y después buscan marcar distancia cuando aparecen los escándalos.

Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados. Su nombramiento estuvo acompañado de cuestionamientos sobre su cercanía con figuras vinculadas a Morena. Hoy, tras su renuncia y las investigaciones sobre contrataciones públicas, el partido gobernante insiste en que no fue una designación suya.

La precisión sobre el procedimiento es jurídicamente válida. Sin embargo, también plantea una pregunta política: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los partidos frente a los perfiles que respaldan o consideran cercanos?

El asunto tiene dimensiones concretas. El Órgano Interno de Control del INE informó de 18 expedientes relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones, de los cuales cinco ya habían derivado en procedimientos de responsabilidades administrativas.

No se trata de sentencias ni de responsabilidades definitivamente acreditadas, sino de investigaciones que requieren resultados, transparencia y respeto al debido proceso.

Morena exige ahora esclarecer quién autorizó los contratos, qué empresas participaron y si existieron beneficios particulares. Son preguntas pertinentes. Pero también resulta legítimo cuestionar por qué el deslinde político adquiere tanta relevancia después de la salida de la funcionaria.

El debate se intensifica precisamente cuando el INE necesita recuperar certidumbre institucional.

Este 16 de noviembre, constitucionalistas y especialistas electorales, entre ellos José Ramón Cossío y Diego Valadés, solicitaron a Morena y a la Cámara de Diputados impulsar un acuerdo plural para elegir a la próxima presidencia del instituto. Su preocupación central es evitar que el nuevo nombramiento nazca bajo cuestionamientos de subordinación partidista.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados enfrenta dificultades para emitir la convocatoria correspondiente. Incluso se analiza la posibilidad de un periodo extraordinario si no se alcanza un acuerdo antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.

La oposición también ha intervenido. El PAN exige que continúen las investigaciones sobre la gestión de Taddei y plantea mecanismos de vigilancia ciudadana y transparencia en la selección de quien encabezará el organismo.

El desafío consiste en separar dos asuntos que no deberían confundirse: investigar las presuntas irregularidades administrativas y garantizar que la renovación del INE no se convierta en una disputa por su control político.

La autonomía electoral no significa impunidad. Pero la fiscalización tampoco debe convertirse en un instrumento de presión partidista.

México se aproxima a las elecciones de 2027 con una institución sometida a cuestionamientos y con decisiones pendientes sobre su conducción. Por eso, la discusión sobre Taddei no puede terminar con su renuncia ni con un comunicado de deslinde.

La ciudadanía merece conocer qué ocurrió con los contratos, quiénes tomaron las decisiones y qué responsabilidades pueden acreditarse.

Y merece, también, que la próxima presidencia del INE sea resultado de un procedimiento transparente, con criterios profesionales y garantías de independencia.

Porque la rendición de cuentas no debería depender de quién conserva el respaldo político ni de quién ha dejado de tenerlo.

La verdadera prueba de independencia institucional no está en los discursos, sino en la capacidad de investigar sin proteger aliados y de nombrar autoridades sin exigirles lealtades partidistas.