Octubre de 2020: los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas, firmaron un convenio de colaboración para enfrentar a la delincuencia organizada que había convertido la frontera entre las dos entidades, en un auténtico infierno.

Los entonces mandatarios, Juan Manuel Carreras López y Alejandro Tello Cristerna acordaron acciones conjuntas para reforzar la seguridad en los 600 kilómetros de colindancia.

En 2017, ya habían firmado un convenio similar. 

Ninguno sirvió de algo.

Entre los días 2, 4 y 5 de octubre de 2020, en esa zona que comprende los municipios de Vanegas, Cedral y Villa de Ramos fueron ubicados 22 ejecutados.

La autoridad potosina reportó que grupos delictivos provenientes de Zacatecas, ingresaban a territorio potosino y abandonan cadáveres o realizaban ejecuciones.

Un año después, las cosas no han mejorado en esa zona.

¿Y qué creen?

El secretario General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez ha anunciado la firma de otro convenio igual.

La única diferencia con los acuerdos anteriores, es que ahora lo firmarán José Ricardo Gallardo Cardona y David Monreal Ávila.  

Desde hace unos años, la zona limítrofe de San Luis Potosí y Zacatecas ha sido escenario de múltiples hechos de violencia inaudita.

“Con el gobierno de Zacatecas hemos trabajado durante varios años, pero hoy es importante reforzar el trabajo conjunto, para atender una problemática que es compleja, debido a que muchos de los delitos se derivan de actividades como el contrabando, tráfico de armas, combustibles y narcotráfico, en las que están involucradas organizaciones nacionales e internacionales, de la mano de un entorno económico complejo y el aumento en el consumo de droga”, aseguró hace un año Carreras López.

Seguramente lo mismo dirá Gallardo Cardona.

Y como ocurrió en 2017 y luego en 2020, el convenio no servirá de nada.