Las reformas constitucionales pueden ser buenas, siempre y cuando mejoren la calidad de vidade la gente. La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que el gobierno federal envió ayer al congreso, lastima innecesariamente a las familias mexicanas y al medio ambiente.
El Consejo Coordinador Empresarial tiene toda la razón cuando considera que esta reforma golpearía las finanzas de las familias mexicanas y de los consumidores de electricidad. También cancelaría la posibilidad de que México contribuya, con eficacia, a la lucha global contra el cambio climático. Y, por si fuera poco, ahuyentaría las inversiones, impidiendo la reactivación de la economía.
A nadie le queda claro por qué la 4T quiere fortalecer a la CFE y debilitar los ingresos y el bienestar de la gente. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, como bien dice el CCE en su comunicado de ayer, generando daños irreversibles al estado de derecho, al medio ambiente y a la competitividad del país.
¿Por qué esta iniciativa es deficiente?
Porque obligaría a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Como tal, no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir, ni en costos ni en nivel de emisiones. Una política pública de esta dimensión aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios. ¿Qué necesidad?
Lo que todavía es peor, si el gobierno de la 4T consiguiera los votos para la mayoría calificada que se requiere en ambas cámaras del congreso, y los legisladores decidieran no cambiar ni una coma a la iniciativa, su aprobación implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejarían de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte y contradiciendo las decisiones del poder judicial mexicano.
Es increíble que el gobierno repita la ficha.
Los efectos retroactivos, que desconocen al estado de derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de México como socio comercial. Peor aún, la 4T dejará a nuestro país expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.
Todos queremos una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento. Pero todos queremos también una actitud abierta a la negociación y a escuchar las propuestas que permitan a la CFE ser una empresa de clase mundial. El objetivo no debe ser fortalecer a una empresa estatal monopólica, sino beneficiar a la gente. El sector privado mexicano ha contribuido significativamente en eso: amplió la capacidad de generación limpia y de bajo costo para los mexicanos.
Por su parte, la CFE no ha desarrollado centrales eléctricas usando energías renovables de bajo costo. No ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes. La CFE tampoco ha podido ampliar ni modernizar sustantivamente los kilómetros adicionales que nuestro país requiere en la red de transmisión y distribución. Esto ha provocado apagones que afectan tanto la seguridad energética como la economía nacional. Hasta ahora, ninguno de los planes anunciados por la CFE permite resolver estas carencias. La iniciativa de reforma constitucional no plantea ningún remedio a estas deficiencias de la CFE.
El Consejo Coordinador Empresarial tiene toda la razón. Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos retóricos que pretende ni plantea soluciones sustentables. Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos.
De aprobarse la reforma planteada por la CFE, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones. Parecería que nunca escuchó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuando declaró que vivimos una crisis climática que afecta desproporcionalmente a los sectores de la población más vulnerables.
La sola presentación de esta iniciativa de reforma constitucional innecesaria ha causado un daño mayor. El prestigio de México ha sido vulnerado. México será señalado en el mundo como un país más contaminante. Las familias mexicanas y los consumidores de electricidad perderán una buena parte de sus ingresos pagando energía eléctrica cara y sucia.
La 4T no se ha dado cuenta que, con su obsesión de favorecer a la CFE, está cancelando la posibilidad de que México aproveche sus recursos naturales y que México sea un país menos contaminante.
La iniciativa viola derechos de los mexicanos y de sus empresas. Pone en evidencia la falta de seriedad a la hora de plantear nuevos ordenamientos legales. No entiende la complejidad de los retos que México enfrenta. Carece de técnica jurídica y desconoce los principios más elementales del derecho constitucional.
La iniciativa también propone desaparecer organismos como la Comisión Reguladorea de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarguros que han sido encabezados por profesionistas capaces y bien preparados. Es otra señal de alarma. Dichos organismos, encabezados por ciudadanos, aseguraban transparencia y objetividad al regular el mercado energético que hoy se pretende desaparecer para regresar a las épocas de opacidad ya superadas. ¿Acaso usted cree que es bueno darle a CFE y PEMEX la exclusiva facultad de desarrollar proyectos de energía caprichosamente y sin reglas claras?
Hay muchas dudas y preguntas sobre la iniciativa. ¿Permitirá a CFE decidir unilateralmente a quién vender electricidad y a qué precio? ¿Habrá esquemas de prebendas y falta de transparencia? ¿Tendrá la secretaría de energía poderes absolutos? ¿Será la CFE de nuevo un monopolio ineficiente? ¿Hundirá esta reforma a México y lo condenará a seguir siendo un país subdesarrollado y pobre indefinidamente?
En suma, queremos que los costos de la electricidad sean los más baratos para los mexicanos, pero que también generemos energía limpia. Queremos que se respete la legalidad y los compromisos internacionales de México. Queremos que se deje a un lado la obcecación de seguir insistiendo con iniciativas que ya fueron desestimadas por el poder judicial.
¿Qué procede? La mejor solución es sentarnos en una mesa para entender las demandas de la CFE, sin que nos veamos en la necesidad de implementar una innecesaria contrarreforma. Que el gobierno designe a un negociador. El Secretario de Gobernación tiene la habilidad para ello; el director de la CFE, no. Entonces conviene que los colaboradores de AMLO escuchen los planteamientos de los expertos, otra vez. Con base en ello, los legisladores podrán reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa, modificarla y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente y el bienestar económico de nuestro país.
Los mexicanos no deberíamos aceptar la imposición de una reforma de este tipo que carece de técnica jurídica, viola derechos elementales e ignora por completo a su población. Todos debemos hacer un llamado al poder legislativo, a la opinión pública, al sector empresarial y académico a rechazar esta innecesaria iniciativa de reforma, tanto por su naturaleza expropiatoria, como por los efectos devastadores para el medio ambiente y el bienestar económico de nuestro país.
Es una reforma innecesaria que, de aprobarse, apagará la luz interior y el brillo de México en el mundo.
