Los acontecimientos recientes relacionados con la lamentable pérdida de Edith, una joven que fue asesinada tras acudir a una entrevista de trabajo, nos dejan no solo dolor e indignación, sino también una serie de interrogantes que reflejan un profundo malestar social y una exigencia legítima de justicia. Sin embargo, resulta preocupante que muchas de las posturas que se están construyendo en torno al caso se basen únicamente en la información que circula en redes sociales, la cual, en múltiples ocasiones, carece de verificación y rigor.

El proceso de investigación

Partamos de lo fundamental: una vez ocurridos los hechos, corresponde a la fiscalía llevar a cabo la investigación, mientras que la defensa se encarga de analizar y controvertir los elementos presentados. Ambas partes construyen lo que en el ámbito jurídico se conoce como teoría del caso, sustentada en pruebas que deberán ser evaluadas por la autoridad judicial.

Es importante subrayar que la existencia de una hipótesis o la identificación de un presunto responsable no constituye una sentencia. La culpabilidad o inocencia de una persona solo puede determinarse mediante un proceso legal adecuado, en el que se respeten todas las garantías procesales. Adelantar juicios desde la opinión pública no solo vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que también puede entorpecer el curso de la justicia.

Ahora bien, cuestionar la eficacia del sistema de justicia en México es inevitable.

En la práctica, nos enfrentamos a un sistema complejo, frecuentemente rebasado por la carga de trabajo y por condiciones institucionales que dificultan una actuación verdaderamente objetiva y eficiente. La falta de recursos, la saturación de casos y, en algunos contextos, la ausencia de capacitación adecuada, contribuyen a que los procesos no siempre se desarrollen con la prontitud y precisión que la sociedad demanda.

En este escenario, parece que la presión mediática se ha convertido en un mecanismo recurrente para visibilizar casos y exigir acción por parte de las autoridades. Nombrar públicamente a quienes no cumplen con sus funciones se vuelve, muchas veces, la única vía para evitar que los expedientes queden en el abandono. No obstante, esta dinámica también plantea riesgos importantes, especialmente cuando se sustituye el debido proceso por juicios mediáticos.

Protocolo de Estambul y Derechos Humanos

En este contexto, es fundamental introducir una reflexión sobre los límites de la actuación estatal y la protección de los derechos humanos. Aun cuando exista una fuerte exigencia social por esclarecer los hechos, ninguna investigación justifica la violación de derechos fundamentales.

El Protocolo de Estambul es un instrumento internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas que establece lineamientos claros para la investigación y documentación de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Su objetivo principal es garantizar que cualquier denuncia de este tipo sea evaluada de manera rigurosa, imparcial y conforme a estándares científicos y éticos.

Este protocolo no solo define qué constituye tortura, sino que también establece procedimientos específicos para su identificación, incluyendo evaluaciones médicas y psicológicas especializadas. En el ámbito pericial, resulta especialmente relevante, ya que proporciona herramientas para detectar indicadores físicos y emocionales que pueden haber sido consecuencia de actos de violencia institucional.

La importancia del Protocolo de Estambul radica en que reconoce que la obtención de confesiones o información mediante coacción invalida el proceso judicial y vulnera gravemente el Estado de derecho. En otras palabras, una investigación que recurre a la tortura no solo es ilegal, sino también ineficaz, pues compromete la validez de las pruebas obtenidas.

Por ello, incluso en contextos de alta presión social, las autoridades están obligadas a actuar dentro del marco legal, respetando la dignidad de todas las personas involucradas. La justicia no puede construirse a partir de violaciones a los derechos humanos, ya que hacerlo implicaría sustituir la legalidad por arbitrariedad.

Aún no existe una sentencia ni un culpable determinado. El señalamiento de hipótesis o de presuntos implicados forma parte del proceso investigativo, pero no debe confundirse con una resolución definitiva. Como sociedad, es necesario exigir justicia, pero también responsabilidad en la forma en que interpretamos y difundimos la información.

La verdadera justicia no solo implica castigar a los responsables, sino garantizar que el proceso mediante el cual se llega a esa conclusión sea legítimo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.

Cindy Pulido