La Divisa del Poder
Adrián Trejo
No solo en el INE había (hay) contratistas favoritos, a juzgar por la información disponible en plataformas oficiales.
Por ejemplo, en materia de seguridad, la actual administración federal ha privilegiado la contratación de la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, S.A. de C.V., a la que se le han otorgado contratos por casi 13,000 millones de pesos desde el 2019 a la fecha.
La empresa, ha recibido 246 contratos de 28 dependencias del gobierno federal, con monto acumulado de 12 mil millones 911 mil 700 pesos, de acuerdo a una recopilación de información de la plataforma Compras MX (antes Compranet) realizada por los periodistas del portal UIE XPECTRO FM.
Los contratos fueron asignados por el IMSS, IMSS-Bienestar y entidades públicas que dependen de la Secretaría de Marina (Semar) como el Tren Maya, aeropuertos y aduanas.
Lo curioso del asunto es que la principal accionista de la empresa, fundada el 14 de abril del 2015, según consta en la escritura pública de la notaría 1 con sede en Jiutepec, Morelos, es una mujer de 90 años, Silvia Muciño Negrete (en asociación con Mario Cisneros Luna y Andel Julián Islas Cisneros) y su domicilio es una modesta construcción en una colonia popular de Jiutepec.
La información disponible en Compras MX y rescatada por los periodistas del medio arriba citado, establece que los principales clientes de la empresa han sido, entre 2019 y este 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 5 mil 103 millones 547 mil 43 pesos en 70 contratos; el IMSS-Bienestar le ha otorgado 3 mil 107 millones 145 mil 861 pesos en tres contratos.
CAPUFE le otorgó 11 contratos por 2 mil 098 millones 181 mil 372 pesos; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 925 millones 296 mil 307 pesos; así como la Secretaría de Salud federal dos contratos por 444 millones 483 mil 487 pesos.
Estos son los montos contratados con algunas dependencias públicas a partir del 2019 pues durante el sexenio de Peña Nieto la empresa no ganó ni una licitación.
La empresa fue inhabilitada el pasado 22 de agosto por irregularidades en la prestación de los servicios contratados al AICM, pero sigue en la puja por otros contratos como en de la ASIPONA de Veracruz, por más de 600 millones de pesos.
En caso de flota vehicular para el gobierno federal y diversas entidades de la república, el ganador ha sido Grupo Andrade del empresario Ángel Mieres Zimmermann, y con mucho.
Cuatro razones sociales son las que detenta el Grupo Andrade: Grupo Andrade Radiocomunicaciones, Automovilística Andrade, Total Parts and Components y Operadora y Administradora de Información y Editorial.
Los datos recabados en Copras MX, establecen que desde el año 2000 hasta el 2025, Grupo Andrade ganó 200 contratos con el gobierno federal pero 76 de ellos (el 37%) fueron por asignaciones directas.
En ese lapso (2000-2025) dichos contratos le significaron al grupo 29,782 millones de pesos de los cuales, 8,133 millones (el 27%), fueron resultado de las asignaciones directas.
El boom del grupo ocurrió con la llegada de la 4T al poder.
Se estima que hasta este año, sus ingresos superan los 33,000 millones de pesos.
Grupo Andrade tiene contratos con al menos 60 dependencias de gobierno, entre las que destacan PEMEX, Leche para Bienestar, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Guardia Nacional, el gobierno de la CDMX y el IMSS.
Los recursos se han concentrado primordialmente en la compra, arrendamiento y renta de vehículos, patrullas y ambulancias, así como servicios de radiocomunicaciones y difusión de campañas.
Tan solo en el 2025, el grupo acumuló contratos por alrededor de 5 mil 592 millones de pesos, el 50% de ese monto provino del gobierno de la CDMX.
Sus directivos defienden la preferencia que les ha dado el gobierno de la 4T con el argumento de que cumplen cabalmente con las condiciones de las licitaciones, que ofrecen los mejores precios y servicios.
Puede ser.
Pero la queja de sus competidores tiene que ver con el hecho de que las licitaciones, cuando no son directas, están redactadas de tal forma que los requisitos solo los pueden cumplir Grupo Andrade.
Y así, entre asignaciones directas y licitaciones dirigidas, se va tejiendo una relación sospechosa que sale a relucir nuevamente a partir del escándalo en el INE.
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Por cierto, no estaría mal que ahora que el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel anda en su papel de zar anticorrupción, debería echarle una revisada a los contratos que firmó el hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con Grupo Andrade durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de López Obrador.
Podría haber sorpresas.
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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, dijo que propondría a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión de la Justificación, perdón, de la Verdad, para llegar al fondo de la corrupción en el INE.
Ya sabemos que esas comisiones son de papel y que no sirven para nada.
Ahora, si la morenista va en serio, que dicha Comisión no será presidida ni formada en su mayoría por morenistas, verdes y petistas.
Solo así tendría credibilidad.
Lo otro es solo otro artificio para salir del hoyo en el que Guadalupe Taddei hundió a su partido.
