La Divisa del Poder

Adrián Trejo

Sin negociaciones con la oposición desde el miércoles pasado, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunció que el jueves próximo se emitirá la convocatoria para elegir a la sucesora de Guadalupe Taddei en el INE.

El punto que tiene traba la negociación y que la oposición se niega a retirar de su propuesta es la aprobación de una iniciativa constitucional que retire los superpoderes que la mayoría morenista y aliados dieron a la presidenta del INE.

Es decir, que regrese el requisito de la colegialidad para la designación de los altos cargos en el Instituto, así como para el otorgamiento y la vigilancia de los contratos.

Monreal dice ese punto “es intransitable’’ y escuda su determinación en la Constitución que prohibe que, una vez iniciado el proceso electoral (este comenzó el 10 de septiembre pasado) no se pueden modificar las reglas de la elección.

Sin embargo, en líder de la bancada panista, Elías Lixa, promotor del cambio constitucional, aseguró que la iniciativa para quitar los superpoderes a la presidencia del INE no interfieren en lo absoluto con el proceso electoral.

Es decir, no cambia las reglas de la competencia entre partidos, no afecta al padrón electoral, no se inmiscuye en las campañas, no causa afectación a los programas partidistas.

Se trata de modificación administrativa con la que se busca que, a través del regreso de la colegialidad, el Instituto recupere la credibilidad perdida y el prestigio que hoy sirve de trapeador.

No hay avance; ayer no hubo negociación en ese tema porque los diputados se dedicaron a la discusión y aprobación del presupuesto para el próximo año.

Una vez concluida esa discusión, se espera que los coordinadores de los partidos se reúnan para tratar de encontrar el consenso que les permita emitir una convocatoria sin tono guinda.

El riesgo es que, si Morena se sale con la suya y se apodera del todo el proceso de selección, la próxima semana este jurando una segunda Taddei.

Y, ya se sabe, que segundas partes nunca fueron buenas.

De lo que sea.

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Muy interesante se puso en San Lázaro la discusión sobre el presupuesto de Egresos para el próximo año.

En total, será de 10.6 billones de pesos, de los cuales 1.7 billones serán obtenidos a través de deuda.

Morena defendió la distribución presupuestal, sobre todo los recursos que se destinarán a los programas sociales.

Para el 2027, el presupuesto de Egresos contempla destinar 1 billón 25 mil 388 millones de pesos (equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto) para los programas sociales prioritarios.

El mayor porcentaje del presupuesto se concentra en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con 543,498.4 millones de pesos; Le siguen los Programas de Becas Benito Juárez (190,551.9 mdp), la Beca Rita Cetina (133,561.3 mdp) y la Pensión Mujeres Bienestar (59,356.3 mdp).

Hay otros, desde luego, pero eso son los importantes.

Los legisladores de Morena consideraron histórica la cifra destinada a los programas sociales; es cierto, como porcentaje del PIB es la más alta.

Sin embargo, la oposición cuestionó a los diputados del oficialismo por utilizar como pantalla el presupuesto para los programas sociales sin atender las carencias que enfrentan sectores vitales para el país.

El sector salud, el agro (México cada vez es más dependiente de las importaciones de productos en los que antes era autosuficiente), la educación, la seguridad.

Los legisladores del PRI y el PAN cuestionaron qué caso tiene que un adulto mayor reciba reciba una pensión de 6,200 pesos bimestrales si los tiene que utilizar en la compra de medicinas o en pagar consultas particulares ante la insuficiencia de los servicios públicos de salud.

En síntesis, para la oposición los programas sociales no deberán sustituir las insuficiencias presupuestales ni las negligencias gubernamentales porque entonces pierden su naturaleza.

Al cierre de este espacio continuaba la discusión en lo general, con muy pocas (nulas) posibilidades de que la oposición lograra que el oficialismo aceptara una redistribución presupuestal.

Como ha sido en los últimos 8 años.