El debate relativo a la sobrerrepresentación se perfila ser un capítulo más de una tragedia anunciada y que habrá de concluir con la debacle del régimen democrático. El inicio y parte determinante fueron las campañas y la elección. Pocos pudieron advertir la magnitud del triunfo obradorista no solo en la campaña presidencial, sino en la de legisladores. La oposición dio por válidos dos supuestos que probaron ser falsos: la competitividad de la candidata presidencial y la magnitud de la indignación ciudadana con el régimen.
Los resultados no son producto de un proceso electoral regular. La ilegal interferencia del presidente López Obrador y el uso de los recursos del Estado para favorecer al oficialismo fueron factor. Es evidente que el INE y el Tribunal no pudieron y no quisieron contener la incursión ilegal del presidente. En retrospectiva queda por cuestionarse si la oposición debió plantear una estrategia diferente denunciando la inequidad sustantiva o condicionando su participación. La infundada confianza sobre sí mismos y el temor de ahuyentar al votante les hizo actuar bajo la falsa tesis de que se trataba de una elección normal.
La oposición descuidó lo más importante, la elección de legisladores. Las dirigencias integraron las listas de candidatos sin privilegiar competitividad, ni siquiera consideraron la amplitud del espectro partidario y, por lo mismo, la supuesta presencia de la sociedad civil quedó excluida. Más aún, el plano de competitividad de la oposición estaba en los ayuntamientos y el de mayor debilidad en la elección nacional. Los comicios de senadores y de diputados debieron articularse a lo local y no a lo nacional, como ocurrió. De ser así al menos tres senadores más se hubieran ganado y no menos de 40 triunfos distritales. En la elección de ayuntamientos en las grandes ciudades es donde se obtuvieron los mayores triunfos. En casi todos los casos la candidata presidencial quedó muy debajo respecto a la votación de los candidatos opositores. Este planteamiento estuvo presente previo a la campaña, pero no mereció atención. La soberbia e ignorancia son mala combinación.
El debate de la sobrerrepresentación ocurre a partir de una derrota mayúscula. La oposición ganó tan solo 44 de los 300 distritos. Morena con 40.8% de los votos está en posición de darle la vuelta a los límites que impone la Constitución de que ningún partido puede tener más de 8% de sobrerrepresentación, y así alcanzar una mayoría calificada de más de 74% si prevalece el criterio de que la sobrerrepresentación aplica por partido y no por coalición, como ha sido hasta ahora.
La aritmética de los sistemas de elección por mayoría simple plantea el problema de la sobrerrepresentación, más cuando hay voto fragmentado por la concurrencia de partidos. Fue el caso de Inglaterra en donde en la elección reciente el partido laborista obtiene 63% de los asientos legislativos con tan solo 33.7% de los votos. En México ocurre algo semejante, aunque existe el sistema mixto y esta desproporción entre votos y escaños inevitablemente plantea un tema de inequidad que pretende resolverse por la vía de la interpretación del artículo 54 de la Constitución en su fracción V. La discusión se centra si la sobrerrepresentación remite a un partido o una coalición. Ambas posturas tienen base legal, si prevalece la interpretación literal se aplica a partido, si se hace una interpretación sobre los objetivos o fines de la disposición prevalecería el criterio de coalición.
El problema y del debate de la sobrerrepresentación se magnifica con la decisión de la mayoría de cambiar al régimen político. En Inglaterra o en cualquier país democrático sería impensable que una mayoría invocara el voto en la elección a manera de alterar en sus fundamentos al sistema democrático, justo lo que se perfila aquí. El mandato electoral confunde dos expresiones de quien gana la elección: el derecho a gobernar y el derecho de modificar las reglas del juego y los principios del sistema electoral, el de representación, el régimen de transparencia y contención al poder y el de constitucionalidad.
Existe la duda si el INE y el Tribunal Electoral modifiquen la interpretación que hasta hoy se ha hecho del artículo 54 constitucional. Si el precedente se impone la discusión remite al inminente cambio del régimen político. Efectivamente, desde hace tiempo se vive la crónica anunciada de la muerte del sistema democrático, que es lo que importa.
