El gasto público en infraestructura registró un incremento anual de 25.2 por ciento el año pasado, el mayor desde 2009, impulsado por prácticamente todos sus componentes, con excepción del educativo y parte de energético, lo que no implicó el recorte de las erogaciones hacia programas de desarrollo social, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“En estos primeros cuatro años las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno de México han logrado romper lo que era una percepción sobre un efecto tijera con respecto al gasto de inversión y al gasto social”, comentó una semana atrás Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, durante la presentación del Informe de Finanzas y Deuda Pública al cierre de 2022.

De acuerdo con los datos de Hacienda, el año pasado la inversión física –obra pública y los gastos asociados a ella– sumó 458 mil 802.1 millones de pesos, 25.2 por ciento más que en 2021, a raíz de un incremento en prácticamente todos sus componentes. Los recursos destinados a educación cayeron 4.4 por ciento; mientras, dentro de energéticos, el eléctrico lo hizo en 20.6 por ciento.

La inversión física en el sector de hidrocarburos, por el contrario, aumentó 14.8 por ciento; en comunicaciones y transportes, lo hizo 1.4 por ciento; 50.2 por ciento en salud; 65.7 por ciento en abastecimiento, agua potable y alcantarillado, y en otras áreas avanzó un promedio de 40.1 por ciento, respecto a 2021.