Durante años nos dijeron que el huachicol era cosa de tomas clandestinas, bidones y ductos perforados. Pero el verdadero negocio parece haberse sofisticado: ahora también pasa por aduanas, documentos y operaciones millonarias.
Este jueves, el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso junto con otras siete personas, acusado por la Fiscalía de su presunta participación en una red relacionada con contrabando de combustibles, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

En el centro de la investigación aparece Ingemar, empresa de la que Ruffo es accionista. Las autoridades investigan una operación que habría involucrado alrededor de 800 millones de litros de combustible y un posible daño fiscal estimado en 5 mil 400 millones de pesos. Ruffo niega responsabilidad y asegura que la empresa únicamente realizaba gestiones aduanales y precisamente por eso hay que esperar a que la justicia determine responsabilidades, pero políticamente hay una pregunta que no puede esperar: ¿Una operación de semejante tamaño pudo funcionar solamente con empresarios?

Porque cientos de millones de litros no cruzan fronteras, puertos y aduanas sin dejar rastros. Si la Fiscalía decidió jalar este hilo, que lo jale completo, que investigue empresarios, exgobernadores, funcionarios, agentes aduanales y servidores públicos, sean del PAN, del PRI, de Morena o de cualquier partido. Porque combatir el huachicol fiscal no significa encontrar un apellido políticamente conveniente. Significa desmontar toda la red y si Ruffo tiene responsabilidad, que responda ante la justicia.

Pero si detrás existen más nombres y más poderosos, también queremos conocerlos, porque en México ya conocemos demasiado bien las investigaciones que comienzan como redes… y terminan convenientemente en una sola persona.
KP