Si México avanza en la puesta en marcha de medidas para la “humanización” de las cárceles, no sólo estaría siendo congruente con los planes anunciados en ese ámbito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también sería visto con buenos ojos por la comunidad internacional como un paso sustantivo en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Así lo afirmó Jerome Poussielgue, ministro consejero encargado de la cooperación en la Delegación de la Unión Europea (UE) en México, quien destacó que los modelos de penas alternativas significan un menor gasto carcelario, así como una notable baja en los índices de reincidencia de los presos que recuperan su libertad.

En entrevista con La Jornada, el representante del bloque comunitario destacó la importancia del método de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados (APAC), creado hace ya medio siglo por un grupo de activistas cristianos brasileños, el cual se puso en marcha en México en 2022 mediante un programa piloto donde participaron chicas adolescentes.

Al financiar dicho plan --el cual tuvo lugar en el Centro de Internamiento “Quinta del Bosque”, ubicado en Zinacantepec, estado de México—la UE buscó replicar en el país el modelo que ha tenido éxito en Brasil y otras naciones latinoamericanas, pero también respaldar las iniciativas anunciadas por el actual gobierno en temas de mejora carcelaria.