Luis Acevedo Pesquera
A una semana de las primeras elecciones
intermedias en el marco del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el proceso también involucrará una primera evaluación democrática,
abierta e institucional del desempeño de su gestión, que para algunos ha sido
extraordinario y para otros decepcionante.
Cualquiera que sea el resultado, en las
urnas se medirá la gobernanza. Algo que los mexicanos no habíamos considerado a
lo largo de la historia moderna del país y solamente habíamos considerado a la
votación como un simple aval o rechazo del partido en el poder, pero no el
desempeño del gobierno, que es lo que ahora vamos a evaluar.
Desde la década de los años ochenta del
siglo pasado, el Banco Mundial definió al buen gobierno al modo en la que la
gobernanza influía en el desempeño económico y, aunque la idea pueda ser
calificada despectivamente como neoliberal, sigue vigente.
Y es así porque este concepto resume
asuntos esenciales como la rendición de cuentas del sector público, el acceso a
la información gubernamental, la transparencia, el combate a la corrupción con
resultados comprobables y el estado de derecho.
Más aún, desde 1994 al afiliarse a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México se
comprometió a garantizar la legitimidad de las instituciones públicas, la
profesionalización burocrática, el desempeño eficiente del sector público y la
protección de los derechos humanos, factores que hasta ahora el gobierno
federal mantiene vigentes.
En efecto, el buen gobierno no debe
confundirse con la calidad en el gobierno, ya que el primero se circunscribe al
estilo de gobernar, mientras que el segundo contempla aspectos internos y
externos del ámbito propio del gobierno y es la calidad del gobierno lo que
impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos por medio del
ejercicio del poder.
La suma de decisiones adoptadas para
poner en operación la Cuarta Transformación del país, basadas en la austeridad
republicana sufrieron un choque imprevisto por la violenta irrupción de la
pandemia del coronavirus que rebasó al frágil diagnóstico que se proponía mejorar
la calidad de vida de los mexicanos sin considerar las condiciones socioeconómicas
internas ni el entorno global. La apuesta gubernamental se ha basado
predominantemente sobre aspectos morales y con cambios estructurales ofrecidos
desde la campaña pero carentes del consenso de los productores, lo que
favoreció la polarización sociopolítica y la atonía económica con graves
efectos en el empleo formal que favorece el desarrollo.
Tradicionalmente, el buen gobierno y su
calidad se limitaba a tratar de combatir la pobreza y promover el desarrollo económico
y marginalmente se tomaban en cuenta el ejercicio de la democracia y la
operatividad de las instituciones públicas como agentes promotores del
desarrollo social.
El modelo fue arrasado por la corrupción
y la burocracia, de ahí el éxito de la promesa de la Cuarta Transformación que,
de cara a las elecciones intermedias, no ha sido capaz de reconstruir el
andamiaje social en términos de salud, educación e infraestructura; con ello,
la confrontación se convirtió en ejercicio político y se deterioraron los componentes
de las instituciones públicas y democráticas, al tiempo que se agravó la
inseguridad en todo el territorio nacional.
Actualmente 8 gubernaturas están en
manos del PRI, 4 del PAN, en Nuevo León está un independiente, el PRD gobierna
Michoacán y en Baja California, Morena.
Localmente, se eligen mil 923
presidencias municipales, 14 mil 596 regidurías, 2 mil 060 sindicaturas, 204
concejalías, 431 juntas municipales y presidencias de comunidad, 642 diputados
por mayoría relativa del Congreso y 421 legisladores locales de representación
proporcional.
Se renovarán casi todas las Cámaras de
diputados. Para la federal se elegirán 500 legisladores, algunos podrán optar
por la reelección.
En 30 estados competirán mil 63
diputados; además de que habrá cambios en mil 926 ayuntamientos y en las juntas
municipales de 30 estados.
La situación del país actual manifiesta
un muy favorable incremento de participación política que en la práctica hará
la evaluación de la gobernabilidad nacional, pero también de la calidad del
gobierno en un proceso de elección que exige la racionalidad de los votantes
por el bien del país.
@lusacevedop
