Luis Acevedo Pesquera

La economía mexicana en los últimos 12 meses ha sido, cuando menos, complicada. Por eso resultó gratificante la información del INEGI en materia de empleo, aunque para muchos hogares ese dato no significa nada.

En marzo, supimos que la tasa de desempleo de México subió 3.9 por ciento, que representa un punto porcentual más que en el mismo mes del año pasado y que trasladado a números quiere decir que hoy tenemos 53.8 millones de personas con alguna forma de ocupación y muy probablemente de ingresos para subsistir, lo cual ha sido considerado como un triunfo económico si consideramos el impacto que ha representado la pandemia del coronavirus.

Recordemos que en marzo del año pasado12 millones de personas habían perdido su fuente tradicional de ingresos debido al confinamiento pero que ahora, por el esfuerzo fundamentalmente de la innovación personal, de los pequeños y medianos empresarios que han hecho lo imposible para enfrentar la crisis, aunque también por los programas asistencialistas del gobierno, alrededor de 10.6 millones de individuos recuperaron su empleo.

En 2020 la Población Económicamente Activa (PEA) era de 55.8 millones, con lo que aún quedan 2 millones de personas desempleadas y sin fuentes de ingresos permanentes ni bien remuneradas.

Pero viene lo grave, la mayoría de esos 10.6 millones de individuos que recuperaron sus actividades lo hicieron en la economía informal y con sueldos inferiores a los que percibían hace un año y con los que deben afrontar gastos crecientes y deudas que, si bien todavía no constituyen una situación crítica generalizada, advierten de un proceso de empobrecimiento de la población.

Veamos. En la práctica, 6 de cada 10 de los empleos recuperados en la estadística están en el marco de la informalidad, lo que no puede ser un factor de orgullo para nadie porque es pérdida de bienestar.

En la exploración de los datos se observa también que en marzo se registró la pérdida de 354 mil 498 empleos formales, que importan mucho porque son los que generan impuestos y garantizan coberturas en materia de seguridad social para el trabajador y sus familias.

Pero no solo eso llama la atención. Los datos del INEGI muestran que el impacto en materia de empleo es cada vez más desproporcionado en términos de género porque, por cada fuente laboral que se ha cerrado para los varones, ha sido del triple para las mujeres, con todo lo que eso significa porque ellas son jefas de familia en más del 48 por ciento de los hogares mexicanos.  

El panorama no es sencillo y ante la falta de voluntad política para resolver el deterioro del aparato productivo nacional, el deterioro de los hogares tiende a crecer ya que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que la población subocupada (quienes tienen la necesidad y disponibilidad de brindar más tiempo de trabajo sobre lo que su ocupación actual les exige) fue de 7.1 millones de personas en marzo de 2021, mientras que un año antes eran 5.1 millones. Es importante señalar que esos 7.1 millones de subocupados, son 2 millones más que el año anterior, lo que representa una tasa de crecimiento 13.2 por ciento anual, que se traduce en inseguridad e incertidumbre en todos los sentidos, más en tiempos electorales.

Las condiciones socioeconómicas es una agenda política inconclusa que marca, especialmente de cara al 6 de junio, un compromiso que no puede ser resuelto con discursos sino con políticas públicas, porque el porcentaje de pobreza laboral del país pasó en un año del 36 por ciento de la población nacional a casi el 50 por ciento actualmente.

Hace un año las fallas eran atribuibles al confinamiento por la COVID-19, pero hoy es la incapacidad para administrar el gobierno.

@lusacevedop