Luis Acevedo Pesquera
La semana que inicia es crucial para el
corto plazo nacional.
Por un lado se presentará como expresión
relevante de la gestión pública en materia internacional al encuentro virtual
entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Estados
Unidos, Joe Biden, para tratar temas de interés bilateral; en un segundo plano
y entre otros pendientes, se definirá finalmente en el Senado la contrarreforma
eléctrica y como telón de fondo, se moverá la candidatura de Morena para el muy
lastimado estado de Guerrero.
Del encuentro entre mandatarios, por
parte de nuestro país se adelantaron dos temas fundamentales: las vacunas y la
migración.
Para el gobierno mexicano resulta
políticamente indispensable avanzar en la lucha contra la COVID-19 y vacunar al
mayor número de ciudadanos con credencial para votar antes de las elecciones de
julio y, por eso, pedirá al presidente de Estados Unidos que comparta sus suministros
para la inoculación, aunque Biden ha insistido en que la “prioridad número uno”
de su gobierno “es vacunar primero a tantos estadounidenses como sea posible”, aunque
es posible que en aras de la buena vecindad, de la oferta de López Obrador de
reponer los biológicos, del T-MEC y por razones de seguridad fronteriza se
alcance algún acuerdo, lo que se liga con el siguiente tema.
La migración, para este asunto el
panorama será más bien retórico.
Biden ya ha desmantelado por inviables y
contrarios a la recuperación económica muchas de las trabas migratorias
impuestas por Trump, al mismo tiempo ha mostrado interés por reforzar temas de
la lucha contra el narcotráfico y, a través de sus operadores, manifestó inconformidad
por eventuales cambios de reglas en las áreas de petróleo y electricidad, por
lo que tratar de revivir el viejo Programa Bracero que quiere López Obrador es,
cuando menos, iluso.
Retomar el Programa Bracero, como
pretende el gobierno de la 4T plantea, en principio, condiciones de sumisión o
esclavitud porque nuestro país no tiene nada más que la vecindad y el bajo
precio de la mano de obra mexicana, además no considera el contexto que
prevaleció durante la Segunda Guerra Mundial.
El acuerdo bilateral que se quiere
revivir fue promovido por Estados Unidos y aunque resultó exitoso y benéfico para
los agricultores norteamericanos, tanto que se prolongó veinte años más, se
tradujo también en un factor de discriminación para los mexicanos y generó
tensiones bilaterales desventajosas para nosotros por su elevado costo
burocrático, administrativo, sanitario, fronterizo, de seguridad y finalmente
político, por lo que fue cancelado cerca de los años sesenta del siglo pasado.
Con el T-MEC pactado, que no contempla
abiertamente el tema laboral ni el control patronal por áreas de producción, junto
con la decisión paternalista recientemente creada para que los mexicanos en el
extranjeros usen a los consulados como ventanilla para enviar sus remesas a
través del Banco del Bienestar en coordinación con la banca en México, de
manera similar a la exigencia en aquel entonces para que parte de las ganancias
de los braceros se depositaran en alguna institución financiera, hacen difícil
pensar en un acuerdo de este tipo.
Pero también está el cambio de condiciones
para la inversión extranjera en el sector energético, específicamente en
hidrocarburos y electricidad. Para los estadounidenses y para cualquier
inversionista si las “reglas del juego” no son claras, duraderas y confiables,
prefieren colocar sus capitales en donde les ofrezcan certidumbre y, en cambio,
juegan a especular con los gobiernos monopólicos y autoritarios que siempre son
presa de los capitales golondrinos.
En esa perspectiva es increíble que
quienes se dicen expertos en historia no alcancen a ver que México ha sido un
país de desigualdades y tienden a condenarlo en esa situación.
Las mujeres han sido las más afectadas,
al grado que su función social y política resulta más bien operativa y con
consecuencias deplorables en términos de oportunidades.
Aunque los antecedentes son notables en
los años setenta, desde 2019 se han observado en el país diversas expresiones
que han hecho cada vez más visibles las condiciones generales de inequidad e
injusticia para las mujeres.
Ellas lo han manifestado en movimientos
aislados pero cada vez más presentes, ya sea por la violencia de que son objeto
como género, tanto en el ámbito privado como en el público en todo México y que
se han traducido en asesinatos, discriminación o vejaciones. Por eso se han
manifestado en movimientos sociales cada vez más frecuentes, numerosos y con
organización incipiente.
Recientemente se movilizaron para evitar
la legalización del candidato designado por Morena para el gobierno de
Guerrero, pese a que ese personaje cargaba con varias denuncias de violación.
Previo al fin de semana, la voz y presencia mediática de las mujeres provocó
que en el partido del presidente López Obrador “repusiera el proceso de
evaluación de perfiles para la selección del candidato” en aquel estado.
Sin embargo, el ejercicio, aparentemente
democrático y considerado de la queja feminista, no se tradujo en una acción en
contra del indiciado al que mantuvieron sus derechos partidistas, lo que planteó
una nueva farsa política con la que, si bien el presunto violador puede quedar
fuera de la contienda y colocarán a una mujer en su lugar, él regresará por sus
fueros como senador y eventualmente las feministas manifestarán su rechazo y se
echará a andar otro distractor en la vida nacional.
@lusacevedop
