Los Tocables

Por Héctor Guerrero 

“París a tus pies, chamaco”. La frase tiene la insolencia de los nuevos ricos y la naturalidad de quien parece no necesitar explicaciones. En el video, José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con proveedores de material electoral, comparte una estancia de lujo con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, hasta hace unos días presidenta del Instituto Nacional Electoral. 

El champán, la habitación y la familiaridad componen una postal que ninguna oficina de comunicación habría querido producir. No hacía falta un adversario político: bastaba con encender la cámara.

Lo que vino después fue más serio que una escena de París. Las investigaciones periodísticas documentaron una red de empresas relacionadas con Hernández Casillas que obtuvo contratos millonarios para suministrar materiales electorales. La Jornada reportó al menos 49 contratos, por mil 450 millones de pesos, entre 2018 y 2025. El País publicó este 29 de octubre una investigación que atribuye a empresas vinculadas con esa red 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales, con señalamientos de posible simulación de competencia. 

Las cifras corresponden a universos distintos, pero ambas obligan a examinar los procedimientos de contratación. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. No hay todavía una sentencia que permita llamar culpable a Taddei; sí existe materia suficiente para exigir explicaciones.

La historia tiene antecedentes incómodos. Empresas relacionadas con el contratista hicieron negocios con autoridades electorales antes de que Taddei llegara a la presidencia del INE, y continuaron durante su gestión. También se cuestionó el nombramiento de funcionarios con antecedentes profesionales ligados a proveedores del sector. 

El problema, por tanto, no se resuelve atribuyendo toda la trama a una sola persona: hay que averiguar quién diseñó las licitaciones, quién evaluó las propuestas, quién autorizó los contratos y quién permitió que posibles conflictos de interés pasaran inadvertidos. Si hubo competencia simulada, alguien debe responder. Si hubo funcionarios que omitieron controles, también.

A las contrataciones se agregaron los vínculos familiares y políticos. Los parientes de Taddei que han ocupado cargos públicos fueron señalados como parte de una red de cercanías con la Cuarta Transformación. El parentesco, por sí solo, no constituye un delito; tampoco demuestra que cada nombramiento haya sido producto de favoritismo. Pero la acumulación de relaciones obliga a revisar los méritos, los procedimientos y las decisiones. Morena llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios y desterrar la corrupción. Esa promesa no puede convertirse en una excepción para los amigos, los familiares o quienes comparten el proyecto político.

Las fiestas, las fotografías y la familiaridad entre la exconsejera presidenta y el empresario alimentaron nuevas interrogantes. La posible existencia de una relación sentimental ha circulado como especulación, no como un hecho acreditado. No hace falta convertir la vida privada en expediente judicial para advertir el problema público: cuando alguien relacionado con proveedores tiene acceso al círculo de la máxima autoridad electoral, la institución debe explicar qué controles existieron para impedir que esa cercanía influyera en las decisiones. El asunto no es el chisme; es el posible conflicto de interés.

La renuncia de Taddei, formalizada el 26 de octubre, tampoco liquida las preguntas. Su salida puede aliviar la presión sobre el INE, pero no borra los contratos, no esclarece las invitaciones ni identifica a los responsables de las decisiones administrativas. La propia exfuncionaria sostuvo que su retiro no debía impedir que los hechos se investigaran. Bien dicho. Ahora falta que esa disposición se traduzca en expedientes abiertos, cooperación efectiva y resultados públicos.

Lo verdaderamente revelador ocurrió después. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, se deslindó del escándalo: sostuvo que el partido no debía hacerse responsable de lo que no le correspondía y atribuyó las eventuales conductas indebidas a quienes las hubieran cometido. Es una defensa jurídicamente cómoda y políticamente insuficiente. Por supuesto que la responsabilidad penal es individual y debe probarse. Pero la responsabilidad política no se evapora mediante una declaración. Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023, en un proceso en el que Morena y sus aliados tuvieron un papel decisivo en la designación por insaculación. El oficialismo celebró entonces su llegada; ahora pretende que la historia comience cuando estalló el escándalo.

No se trata de condenar a un partido por anticipado ni de convertir una investigación en veredicto.

Se trata de exigir congruencia. Si Morena presume superioridad moral frente a los gobiernos anteriores, debe aceptar que sus propios cuadros sean sometidos al mismo escrutinio que exige a sus adversarios. Si reclama investigar contratos de administraciones pasadas, tendrá que permitir que se revisen los de la gestión más reciente. Y si la reforma electoral concentró facultades administrativas en la presidencia del instituto, sus promotores deben explicar qué controles acompañaron ese poder y si ahora están dispuestos a corregir lo que resulte vulnerable.

El problema de Morena no es tan solo  deslindarse de Taddei, tienen que  demostrar que su deslinde no es una maniobra para salvar la marca mientras deja caer a una persona. Las auditorías deben llegar hasta donde conduzcan los documentos, sin excepciones partidistas. La red de proveedores debe investigarse completa; los funcionarios, cualquiera que sea su filiación, deben responder por sus actos. Y el nombramiento de quien sustituya a Taddei deberá servir para recuperar la independencia del INE, no para colocar otra pieza bajo sospecha.

Porque la frase parisina deja de ser  una extravagancia de viaje. Es el símbolo de una cercanía que exige explicaciones y de un poder que, cuando las preguntas se vuelven incómodas, suele descubrir de pronto que cada quien está solo. La cuestión es si esa soledad será también la estrategia del partido que hizo posible el ascenso de Taddei.

¿Cómo va a desmarcarse Morena de Guadalupe Taddei sin convertir el deslinde en otra forma de impunidad, y cómo demostrará que no es responsable —política ni institucionalmente— de haber llevado al centro del árbitro electoral a una figura cuya gestión hoy está bajo investigación por posibles irregularidades?

Tiempo al tiempo.

@hecguerrero