El dictamen modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La propuesta establece que los proveedores y empresas que utilicen información de los consumidores con fines comerciales o publicitarios no podrán realizar llamadas telefónicas —ni contactar mediante otros medios no autorizados— de manera reiterada y persistente.

En el dictamen, las y los senadores destacaron que el origen del problema no es la falta de un registro contra el acoso telefónico comercial, sino la ausencia de consecuencias punitivas que desincentiven de manera efectiva esta práctica.

La senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón, promotora de la iniciativa, señaló que el objetivo es proteger la privacidad de los consumidores y que estos puedan negarse a recibir publicidad por este medio.